Otro dato preocupante son las 508 personas con enfermedades mentales recluidas en celdas de aislamiento
Además del hacinamiento, sobrepoblación, condiciones deplorables de los centros penitenciarios de la República Dominicana, se suma un factor preocupante; los pacientes diagnosticados con VIH van en aumento.
De acuerdo al informe sobre las condiciones de detención y carcelarias presentada ayer por la Oficina Nacional de la Defensa Pública, en un año, las personas que viven con VIH pasaron de 387 a 431, lo que representa un incremento de un 10% y plantea diversas preguntas respecto a este tema, sobre todo en lo relativo al ingreso de trabajadoras sexuales a los penales.
“Existe como principal patología en los distintos centros de privación de libertad del país la hipertensión arterial con 1,569 afectados, seguido de la diabetes con 726, enfermedades mentales con un número preocupante de 508, y el VIH con 431 infectados, esta última cifra llama a reflexionar sobre lo permisivos que son (dan) los centros tradicionales para permitir el ingreso de trabajadoras sexuales”, refiere la atención la Defensa Pública respecto al tema.
En tal sentido, recomendó implementar un seguimiento médico especializado para los internos con condiciones de salud como son: diabetes, hipertensión, VIH, asma, tuberculosis y enfermedades mentales, asegurando que reciban la medicación y el tratamiento adecuados y que la mayoría de los privados de libertad no tienen acceso a tratamiento o a medicamentos generales, mucho menos, los necesarios para atender enfermedades como la diabetes o los que necesiten medicamentos de uso contralado para patologías mentales.
Enfatiza que es imprescindible habilitar y adecuar las áreas médicas en los centros de privación de libertad, incluyendo la instalación de laboratorios para pruebas analíticas y áreas de odontología, asegurando el suministro adecuado de medicamentos e instrumentos.
El director de la Oficina Nacional de Defensa Publica, Rodolfo Valentín Santos, insta a las autoridades a abordar urgentemente estas condiciones inhumanas, asegurando el cumplimiento de los derechos básicos de los privados de libertad según los estándares internacionales de derechos humanos.
Valentín Santos, enfatiza la necesidad de que la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud Pública, el Poder Judicial y otras entidades involucradas asuman su responsabilidad en la protección de los derechos de los privados de libertad, garantizando un entorno que favorezca su rehabilitación y reinserción social.
Dice que es crucial implementar medidas efectivas para mejorar la infraestructura penitenciaria, garantizar atención médica adecuada y proporcionar condiciones de vida dignas para todos los internos.
Hacinamiento, basura y plagas
El Informe de las Condiciones de Detención y de Prisión 2023 reitera que el hacinamiento continua siendo un hallazgo importante durante los levantamientos a los distintos centros de privación de libertad del país, sumado al hacinamiento extremo de la cárcel de la Victoria, que al momento del recorrido alojaba a 7,093 personas privadas de libertad, de los cuales 3,392 están de manera preventiva, en tanto que los condenados son 3,701 personas, siendo uno de los centros más viejos a nivel nacional con una capacidad para alojar sólo 2,000 personas.
Refiere que la mayoría de los espacios que habitan los internos e internas son lugares pequeños, estilo goleta, sin ventilación y oscuros. Y, que las celdas de aislamiento son espacios sin ventilación, con húmedos, muchos llenos de agua, lo cual imposibilitan la estadía de personas en estado de dignidad.
En algunos centros el hacinamiento es espantoso, entre ellos está Pedernales donde encontraron a 74 privados de libertad que cohabitan en una sola celda. También Cotuí, Nagua, Monte Cristi, 15 y 19 de Azua, los internos duermen en el piso, sin colchones, teniendo que acudir a improvisar construcción de alojamiento con materiales flexible a los cambios climáticos, como cartón, tela, entre otros medios de supervivencia.
Los reporten reflejan que las infraestructuras están a punto de colapsar, incluso en los centros de nuevo modelo de gestión penitenciaria, como Rafey en donde el agua les cae encima de los camarotes, al igual que en el área de hombres y mujeres de Nagua que terminan empapados duermen.
“En las cárceles de la región Sur existen una serie de necesidades y problemas que tienen que ver con falta de espacio estructural y consecuentemente el hacinamiento; asistencia en materia de salud, educación, falta de oportunidades laborares, colchones, camas y una alimentación efectiva, etc”, enfatiza la defensa.
Presos por multa de dos mil pesos
Un importante dato a resaltar, dice el informe, es la gran cantidad de privados de libertad guardando prisión por garantía económica. Cita algunos centros como Barahona, donde encontraron una gran cantidad de imputados guardando prisión por garantía económica, la mayoría de RD$2,000.00 y RD$3,000.00 pesos, además de privados de libertad con penas cumplidas debido a la mala práctica de algunos jueces de la Ejecución como lo es la juez de San Francisco de Macorís que deja en prisión a los condenados, un vez cumplen la pena, por multas pendientes de pago.
En Nagua, también hay muchos condenados con penas cumplidas pero no han sido puestos en libertad porque no se ha resuelto lo de la multa, algo que constituye una mala práctica, “ya que la norma es clara cuando dispone que el condenado es citado posteriormente a indicar como pagar la multa”
Medidas
Es imperativo que se implementen medidas para garantizar la salud, la dignidad y los derechos de los internos
Condición
Hipertensión 1,569 afectados, diabetes con 726, enfermedades mentales 508 y el VIH con 431 infectados.
