La prohibición de importación de armas, partes y municiones dejó a las empresas de seguridad privadas y a las autorizadas a comercializar estos productos, sin los mecanismos adecuados para adquirir estos bienes, “fomentando malas prácticas, violaciones a las leyes y otros subterfugios”.
La afirmación la hizo el General de Brigada Piloto, Francisco M. Corominas, FARD., Director Ejecutivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), del Ministerio de Defensa, al pronunciar el discurso central del “Taller Intersectorial para el análisis del Impacto del Decreto 309-06, y la Pertinencia de su Derogación”. Este es el decreto que prohíbe la importación.
“El Estado dominicano tiene la obligación de suplir la seguridad que requieren los ciudadanos y la sociedad para realizar de forma segura todas sus actividades”,
General de Brigada Corominas, director ejecutivo de la SVSP.
Sin embargo, consideró que los servicios de seguridad privada constituyen un “apoyo” a las labores de seguridad pública y ciudadana en beneficios de los contratantes y de las propiedades que van a proteger.
“El análisis que hacemos en este taller permitirá, con la participación plural de todos nuestros invitados a las mesas de trabajo, determinar la pertinencia del decreto 309-06, que establece una prohibición que ya cumple 16 años”, dijo.
Manifestó que el taller tiene una importancia trascendental, no solo para el sector de la seguridad privada, sino también para todos los sectores de la sociedad dominicana, “porque viene a presentarnos una panorámica de las virtudes y/o defectos, efectos positivos y/o negativos y las posibles soluciones luego de 16 años de prohibición”.
En el evento, que se desarrolla hasta este jueves 14 de julio, en hotel Catalonia de Santo Domingo, participan representantes de 200 empresas de seguridad privada, agrupadas en tres asociaciones.
También asisten los representantes de armerías, del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), de la Procuraduría General de la República (PGR), de los cuerpos especializados de las Fuerzas Armadas y los cuerpos investigativos de la Policía Nacional.
El programa incluye tres talleres, en el primero para hacer un diagnóstico de la situación; en el segundo se abordarán las posibles soluciones, y en el tercero la formación de un comité para aplicar las conclusiones del mismo.
