La Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados concluyó el pasado martes con la revisión del proyecto de ley del Código Penal y aprobó el informe favorable de la pieza legislativa tal y como vino del Senado, lo que no fue bien visto por algunos congresistas.
Se hizo esto con el apoyo de seis diputados de los nueve presentes, faltando en el encuentro seis de los 15 que componen la comitiva, según informó ayer su presidente, Alexis Jiménez, quien explicó que en los próximos días estarán depositando dicho informe al pleno de la Cámara Baja y anunciándolo a la prensa.
Entre los aspectos que contempla la normativa, está la sanción al aborto mediante la exclusión de las tres causales, que es permitir el aborto cuando el embarazo represente un riesgo para la vida de la madre; sea el fruto de un incesto o violación sexual; y cuando haya malformación fetal incompatible con la vida.
También sigue fuera de la iniciativa legislativa la palabra “orientación sexual” en el artículo 185 (el cual tipifica la discriminación).
Los que votaron en contra del informe fueron los legisladores perremeístas Eugenio Cedeño y Santiago Vilorio, así como el peledeísta Plutarco Pérez.
“Las cinco bombas” de Cedeño
El diputado Eugenio Cedeño, integrante de la Comisión Permanente de Justicia, deploró la manera en que se refrendó el informe de la pieza, porque, según denunció, se hizo “al aprovechar” la presencia de nueve de los 15 comisionados, seis de los cuales refrendaron el pliego legislativo tal y como vino de la Cámara Alta, con “faltas garrafales”. El congresista, quien se refirió a los artículos 109, 135, 136, 159 y 185 de la polémica legislación, ponderó sus argumentos.
Se quejó del contenido del artículo 159, que sanciona con 15 días a un año de prisión a quien practique u ordene un experimento biomédico no consentido a otra persona. Entiende que es contraproducente, ya que, en el artículo 135, se quiere castigar con 4 o 10 años de prisión el hecho de que en una relación de pareja el marido use fuerza o engaño para obtener relación sexual con su pareja.
Sobre el tema del aborto, explicó que siempre se castiga con pena de uno a dos años de prisión, pero que en el mismo artículo (109) se castiga con 40 años de prisión el aborto sin consentimiento.
Es por ello recomienda que “esa desproporción terrible” debe ser corregida, porque tiene una referencia cruzada, que manda al artículo 87, que penaliza el genocidio y establece condena de 30 a 40 años de cárcel, estableciendo así una norma “inaplicable”.
Fustigó que, en el numeral ocho del artículo 136, se retome el “subjetivo desaguisado” de “violación por corrección homosexual” como agravante de la pena por violación sexual, imponiendo una pena de 20 a 30 años. Dicho numeral dice: “Si es motivada sobre la base de corrección por orientación sexual”.
Además, manifestó que en el tema de la discriminación, consignado en el artículo 185, “sacan” a la Policía Nacional del ámbito de aplicación de la norma antidiscriminatoria, cuando el párrafo dos establece: “Las previsiones de este artículo se aplican sin detrimento de la libertad de conciencia y de culto y respeto a las buenas costumbres en todos los ámbitos”.
Recordó que los senadores eliminaron del referido artículo la palabra “orden público” (que estaba después de la palabra “respeto”), por lo que quedó excluida la Policía. Cedeño consideró que ese aspecto pudo haberse corregido, pero que no entiende por qué no se hizo, y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, no se reunieron para tratar “esas basuras” (detalles) y corregirlas.
“Pero de todos modos, al final se impuso el criterio de que el Código había que aprobarlo como fuera y que después se podía modificar”, expuso.
Diputados PLD, PRSC y PRD con opiniones encontradas
La diputada Mercedes Rodríguez (PLD) entiende que no es una sorpresa para nadie que el informe sea aprobado sin las tres causales, pero que espera que cuando la la iniciativa llegue al pleno de la Cámara Baja, se discuta el tema y se introduzca cualquiera enmienda que se entienda sea necesaria. Dijo que es una pena que las causales no estén incluidas allí.
De su lado, el vocero de los diputados reformistas, Pedro Botello, argumentó que la defensa de la vida ha sido la luz de esa organización política. El integrante de la comisión apoderada del proyecto de ley explicó que han luchado siempre por un Código Penal que garantice la vida y que se sancione, de manera “ejemplarizadora”, el crimen y que se impongan sanciones que sirvan de ejemplo.
Mientras, Héctor Félix (PRD) manifestó que en el Código Penal hay varios temas que si no se modifican, harán que la pieza brinque de una cámara a otra sin ser convertida en ley.
Se recuerda que el Congreso tiene hasta el próximo 26 de julio, cuando cierra la legislatura, para aprobar el proyecto de reforma, porque perime.
Piden la aprobación de un código actualizado
La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) anunció que están a la espera, desde hace un tiempo, del desenlace del proceso de aprobación del proyecto de ley Código Penal que cursan en el Congreso Nacional. “Como dominicanos, reiteramos la urgencia de tener un Código Penal actualizado, que permita castigar tanto los crímenes de corrupción como los múltiples delitos no tipificados en el Código actual”, señaló la asamblea de los obispos del país mediante una misiva remitida ayer a los medios de comunicación .
