Entendidos en la materia e inversionistas temen que los años pasen entre discursos y discursos de que se avanza
De alianzas público privadas (APP) se ha hablado mucho en República Dominicana, incluso antes que se contara con una ley para regirlas. Pero el camino a lograr que se cuajen sinergias y proyectos concretos ha resultado más largo y tortuoso de lo esperado.
Incluso, entre entendidos en la materia e inversionistas existe el temor de que los años transcurran entre discursos y discursos de que “avanzamos”, cuando en realidad hay poco sobre el terreno; nada puntual para mostrar. Se corre el riesgo de que las APP no arranquen, que es exactamente lo que está ocurriendo.
La preocupación la tiene más de un sector del país y no por mero capricho o ganas de fastidiar, según ha quedado claro. Las quejas por la inercia desde quienes deben “empujar” positivamente la cuestión, provienen, por ejemplo, del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), de pequeñas y medianas empresas de la construcción y de otras áreas.
“La ley 47-20, sobre APP, promulgada el 10 de febrero de 2020, no había comenzado a aplicarse un año y medio después, dado que el anterior presidente no le dio apertura a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), que por mandato establece el artículo 5 de la ley”, le dice a elCaribe el expresidente del Codia, Teodoro Tejada.
Ese artículo al que hace referencia dice así: “Se crea la Dirección General de Alianzas Público-Privadas como entidad autónoma y descentralizada del Estado, investida de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, jurisdiccional, financiera y técnica, la cual estará adscrita al Ministerio de la Presidencia”.
La DGAPP fue creada por el presidente Luis Abinader, quien designó a Sigmund Freund como primer director general de la entidad. Según Tejada, “el gobernante ha mostrado muchas esperanzas en la aplicación de la ley sobre APP, bajo el actual órgano del Estado, sin embargo (dice el gremialista) en la práctica no se ve el despegue del mismo”.
Y ese despegue en gran manera no se ve, según el argumento de Teodoro Tejada, debido a que la ley 47-20 está bajo el procedimiento, de manera supletoria, de la Ley número 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que es una legislación que genera críticas por trabas que impone para determinados procesos.
Tanto el expresidente del Codia como dueños de capitales, interesados en invertir en APP, advierten que otro problema de la ley 47-20 es que depende de la validación final de la entidad a la que pertenezca el proyecto equis. “Por ejemplo, depende del Ministerio de Obras Públicas -de los trazados- cuando el proyecto es de carretera, y depende de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), cuando se trata de puertos o muelles (…). “Lo mismo que del Ministerio de Hacienda, que debe validar la moderación financiera, en base a los recaudos que se estimen, para que los inversionistas recuperen la inversión y sus beneficios”.
Estudios, constructores…
Algo que ha estado ocurriendo –hay más de un caso- es que inversionistas gastan mucho dinero en la realización de estudios sobre una obra que se requiere (así sea porque se les pide realizar esos estudios) y de repente los recursos económicos y técnicos invertidos se pierden, porque desde el Gobierno se decide otra cosa, contrario a lo que inicialmente se pretendía hacer. Se decide realizar otra obra distinta. Algo así como “poner de relajo” a quien invirtió en estudios base.
Otro punto es que desde diversas instancias se dejan agotar tiempos máximos, en la medida que las respuestas que deben darse sobre una cuestión equis o Y, llegan tarde. Cuando esa respuesta u opinión llega, los plazos se han vencido y hay entonces que volver a iniciar de cero.
El gobierno ha hablado y anunciado, desde la llegada al poder de Luis Abinader (agosto 2020) de grandes proyectos que trabajará bajo la sombrilla de APP. Entre ellos está el desarrollo turístico y de otro tipo de Pedernales, para lo cual se constituyó un fideicomiso (Pro Pedernales), la ampliación del puerto de Manzanillo, para el cual se aprobó un préstamo por US$100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que incluye otras obras complementarias.
Otra obra bajo el modelo alianza público privada es la Autovía del Ámbar que conectará en 27 minutos a Santiago con Puerto Plata y que tendrá un costo de US$393 millones y 32.7 kilómetros de longitud entre ambas provincias de la región Cibao-norte, ha calculado la DGAPP.
La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), a través de su presidente, Eliseo Cristopher, y del vicepresidente, Frank Guerrero, recordó que desde esa organización se abogó por muchos años para que el país contara con una ley de APP. Incluso, Eliseo tuvo la oportunidad de participar junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en varios foros sobre el tema.
Para entonces, se ponía de manifiesto la necesidad de que República Dominicana contara con un marco legal moderno y real que pudiera regular y dar las garantías necesarias, tanto para el gobierno, como para los propios inversionistas, que pudieran estar interesados en crear un proyecto bajo una alianza de tipo público-privada. Es decir, entre el gobierno y el sector privado.
“En muchos países, este marco legal da todas las garantías de que un inversionista va a contar con la seguridad jurídica para poder invertir en un proyecto de esta categoría”, apuntó Guerrero.
Resaltó que “esa gran cantidad de recursos que normalmente los gobiernos están llamados a destinar en materia de infraestructuras, pueden ser canalizados para aspectos sociales y que la inversión, propiamente de los recursos se hace desde el sector privado”. Pero para eso que plantea Frank Guerrero, los procesos deben caminar y no caer en el letargo.
El dirigente de la Copymecon reconoce que el jefe de Estado se ha empeñado en que se avance en cuestiones puntuales y ha dado pasos para que se camine en las conformaciones de APP, pero en todo caso, Guerrero advierte que “tal vez ha faltado un poquito de promoción, sobre todo dentro de las instituciones públicas”.
“Como recordarás, hay dos canales de presentación: Iniciativas que vengan desde el mismo Estado o iniciativas que partan desde el sector privado. En este caso, como es una nueva ley, entendemos que las primeras iniciativas deben partir del Gobierno, a modo de dar señales claras y firmes, para que el sector privado se sienta estimulado a invertir”, planteó el vicepresidente de la Copymecon.
Esas inversiones –agregó- pueden venir tanto de inversionistas locales, como extranjeros. “Todas las iniciativas de alianzas público privadas están llamadas al cumplimiento de unos plazos que son extensos y ese es otro de los temas que tendríamos que abordar”, sostuvo.
Citó, a modo de referencia, la Ley de Compras y Contrataciones y lo prolongado que se hacen los procesos bajo sombrilla de esta. Frank Guerrero ve que algo parecido pudiera estar sucediendo con las iniciativas bajo APP, lo cual podría representar un revés, una traba, un estancamiento, contrario a las expectativas que se fueron creando antes que el país contara con la legislación en cuestión. “(…) Hay que ir focalizando áreas específicas de APP, por ejemplo, el tema de infraestructuras, de acueductos, de la producción energética. (…) Hay un trecho bastante amplio por recorrer. En la Dirección de Alianzas Público Privadas debe trabajarse más a fondo el tema de la promoción, tanto en las instituciones públicas, como en el sector privado”, dijo el vicepresidente de la Copymecon.
Ventanilla exclusiva
“Los procesos de las alianzas público privadas no son procesos inmediatos. Esa ha sido prácticamente la experiencia en la mayoría de los países. Es un proceso que necesita ajustes”, explica el profesor y economista Antonio Ciriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuando aborda el tema con elCaribe.
“Aquí se ha hablado, por ejemplo, de la ventanilla única y eso se ha convertido sencillamente en una letra muerta. Incluso, en un momento determinado se creó hasta una página web, donde a partir de los procesos virtuales se iban a hacer esos procedimientos expeditos. Todo parece indicar que eso no se ha llevado a cabo por diferentes razones”, expuso. El catedrático Ciriaco Cruz entiende que para agilizar los procesos de APP hay que crear una ventanilla exclusiva para la constitución de alianzas público privadas. “Esto sería un paso interesante y enviaría una buena señal al sector empresarial que pueda sentirse atraído hacia las APP”, planteó.
El economista de la Primada de América opina que debe haber un proceso de certeza por parte del Estado dominicano en ese sentido. “Yo lo que creo –también- es que la oficina de la APP debe tener un carácter autónomo y que el director o encargado de esa oficina tenga un mandato que sobrepase los cuatro años de gobierno, parecido a las leyes que rigen las superintendencias en la República Dominicana, donde el director ejecutivo de la oficina de Alianzas Público Privadas tenga un duración más allá de los períodos gubernamentales, porque también eso puede limitar un tanto los procesos de confianza en el sector privado y en caso de que el director permanezca ahí más tiempo, eso daría una certeza importante.
Una mirada por los lados de América y resultados
En naciones de América, como Perú, Colombia, Panamá y Chile el modelo de alianzas público-privadas ha hecho viable el desarrollo de proyectos y sectores, a tal nivel que de no producirse esa sinergia, posiblemente habría sido muy difícil llevar estos al terreno de lo concreto y realizable.
En Colombia, por ejemplo, ha funcionado en la construcción de carreteras, en Panamá en la del Metro y en Perú en proyectos de impacto social.
Panamá era uno de los pocos países de América Latina que no contaban con una ley de APP, sin embargo, fue esta una de las primeras normativas que sancionó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en septiembre de 2019, por la visión que tuvo.
Con la ley se ofrece una opción para promover el desarrollo de proyectos de gran escala sin comprometer a corto plazo la capacidad de endeudamiento del Estado. “En Perú, la inversión pública ha tenido un enorme impacto social con la apertura de las APP.
