El abogado Ángel Lockward reiteró que la resolución que autoriza a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) indagar los informes financieros del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el ex administrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo y otras 209 personas mencioandas en una inevstigación, está basada en un informe falso de la Contraloría General de la República, por lo que, a su juicio, carece de legalidad y podría anular el proceso.
“Existe un documento, no existe un informe, porque el documento lo produce cualquiera. El informe solo lo produce el Contralor, porque es una facultad que la Ley le da solo a él. Quien tiene la facultad de tramitarlo es el Contralor. Entonces, si alguien trae aquí el informe firmado por el Contralor, yo mentí, si alguien trae aquí un oficio del Contralor a la Procuradora, yo mentí”, explicó Lockward.
Al ser entrevistado en Despierta con CDN, el destacado jurista precisó que la legalidad y categoría de informe se produce con la firma y tramitación del Contralor a la Procuraduría General de la República, para garantizar el debido proceso de ley, lo que, según dijo, no se hizo en este caso.
“Es constitucional el debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que, antes de firmarlo, el Contralor tenía que citar a las partes. Nada de eso se hizo, por eso existe el documento, pero no existe el informe”, enfatizó.
Contralor invocó ilegalidad del informe
Asimismo, indicó que por mandato expreso de la Constitución de la República, el Código Procesal Penal y la propia Ley del Ministerio Público, la persecución debe sujetarse al principio de legalidad. “Usted no puede perseguir a nadie con documentos ilegales, y la ilegalidad del informe no tengo que probarla, porque es el Contralor el que ha dicho que ese informe no lo vio, no lo firmó, no lo tramitó y, peor aún, dijo que no fue él que se lo envió a la procuradora Miriam Germán”, adujo.
Es por estas razones que el destacado jurista no duda en afirmar que el informe con el que la Pepca solicitó la autorización para investigar al exministro de Hacienda, al ex administrador general de BanReservas y compartes, no existe.
En ese sentido, advirtió que solicitar una orden judicial con un informe inexistente es cometer una ilicitud y dañar o llenar de nulidad todo el proceso. “Pero a la gente que no es abogada, no siempre le interesa la técnica procesal que demanda la nulidad, por eso muchos casos de Procuraduría se caen”, adujo.
El caso de una señora
Lockward también se refirió a los cuestionamientos que han surgido por el caso de una señora de 92 años que recibió el pago de un dinero con una firma distinta a la que aparece en su cédula de identidad y electoral.
“Conozco el caso. Es una señora de 92 años que ya casi no ve, cuando fue a firmar el contrato a Bienes Nacionales no podía hacer la firma igual, tiene 92 años, es casi ciega y es una persona semianalfabeta”, explicó.
Ante la duda, dijo que el personal del Ministerio de Hacienda exigió la presencia de la beneficiaria para que vuelva a firmar la entrega del dinero. “La gente de Hacienda hicieron que trajeran a la señora desde Yuma (donde vive) y no le pagaron por la cuenta mediante transferencia como a los demás, sino que hicieron un cheque de Tesorería para que le puedan entregar personalmente después de verificar. Mejor de ahí no es posible hacerlo”.
Errores de Abinader según Ángel Lockward
En ese sentido, el destacado jurista consideró que el presidente Luis Abinader ha cometido dos errores muy graves desde que asumió el poder en agosto de 2020: uno es designar resentidos y analfabetos en posiciones de poder y el otro es subvertir el orden jerárquico.
Manifestó que, aunque no le carga el dado al Pepca, es inaceptable que se quiera utilizar argumentos contrarios a la verdad.
“Dice ese informe que en el caso Jorge Mota falta el acta de matrimonio, la defunción y las cédulas de él y su mujer, que murieron hace muchos años. Pero ocurre que todo el mundo sabe que esos documentos los requiere el juez que conoce la determinación de herederos, que se hizo en el 2015, yo no la conocía ni la hice. Entonces, de dónde le sale a Hacienda poner en un formularito que eso falta, no falta porque desde el 2015 cada heredero tiene su título de propiedad”, detalló.
En ese orden de ideas, indicó que la venta fue realizada y autorizada por cada uno de los herederos que tiene título de propiedad, por lo que no era necesario presentar las documentaciones de los padres.
Por otra parte, Angel Lockward dijo que la Pepca debió entender que en el documento había una violación, debido a que el Art. 40 del Reglamento de la Ley 10-07 establece que quien remite el informe al procurador es el contralor, por lo que la entidad debió solicitar el oficio.
“Sabes por qué se supo la verdad, porque yo demandé a los autores de ese informe y son los autores del informe que van al Tribunal y le dicen al juez: no, Lockward no puede demandarme con ese informe, porque ese informe no existe, es de trámite, él no lo debe tener porque es confidencial”, reveló.
Miriam Germán debe investigar
Por tanto, expresó que la procuradora Miriam Germán debe investigar quién llevó ese informe al Pepca y con cuáles motivos.
En relación al señalamiento que la Pepca le hace en la investigación contra Donald Guerrero, Simón Lizardo y otras 209 personas físicas y jurídicas, Angel Lockward afirmó que el dinero que recibió junto a su hijo son los honorarios del contrato de Cuota Litis que tenían con las personas involucradas.
Por consiguiente, dijo que en ningún momento incurrió en actos ilegales como se ha tratado vender en los medios de comunicación, a partir del informe “inexistente” de la Pepca.
A quién beneficia la filtración del informe
Al ser preguntado de a qué persona o entidad podría beneficiar la difusión masiva de la resolución 17-02-2022 del 17, emitida el 23 de agosto por la jueza Kenya Romero, coordinadora del Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional y que autoriza el informe financiero, respondió que:
“Eso necesariamente lo hizo la Procuraduría General de la República, porque la resolución dice que solo hay 6 copias y se la dieron a la Procuraduría y que el sábado se haya producido una discusión tan general, solamente tiene capacidad la Procuraduría”.
Indicó que dos semanas previas la verdad empezó a aflorar, porque no es negable que el informe no existe, existe un documento apócrifo, tampoco es negable que el Contralor reiteró que él no lo firmó ni lo envió.
Consideró que esto coloca a la Procuraduría a la defensiva porque utilizó un documento ilegal, por lo que Miriam Germán debería iniciar una investigación debido a que ella representa la garantía, porque la difusión masiva ha violentado el derecho al honor, la dignidad, el buen nombre y debido proceso de todos los involucrados.
Ángel Lockward culminó advirtiendo que no quiere pelear, “pero si tengo que pelear, pelearé”.
