Franklin Almeyda dijo que el proyecto que aprobó el Senado no cuenta con el consenso de los sectores políticos y sociales y que por eso generaría ingobernabilidad en el país.
El dirigente y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Franklin Almeyda advirtió que la ley de partidos y agrupaciones políticas que aprobó el Senado de ser también acogida por la Cámara de Diputados generará ingobernabilidad en el país y sería objeto de “una secuencia de demandas judiciales” por tener contradicción con la Constitución de la República y la propia ley.
“Lo aprobado por el Senado está viciado por contradicciones en la misma ley de partidos, despoja a los partidos de los afiliados y el financiamiento del Estado y violaciones constitucionales que conducen a un ambiente de ingobernabilidad”, declaró a elCaribe el también exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Señaló como ejemplos de contradicción de la ley con las primarias abiertas que en el artículo siete del proyecto estable que “ningún ciudadano podrá estar afiliado a más de un partido” y agrega: “Al afiliarse a otro partido, se renuncia de forma inmediata a la afiliación anterior” y el artículo ocho que establece que “los partidos estarán obligados a llevar un registro general actualizado de todos sus afiliados por circunscripción, municipio y provincia”.
Almeyda señaló que “la deficiente aprobación del Senado omitió poner en correspondencia con las susodichas primarias los artículos 24, numeral 4 y el 27 numeral dos”. Almeyda aseguró que esa sola disposición contraría las primarias por ese categórico mandato de que los miembros o afiliados escogen los candidatos.
Almeyda reiteró que lo aprobado por el Senado viola varios artículos de la Constitución de la República entre los que figuran el 216 y el 277 y que ya fue declarada inconstitucional.
Ley viola el artículo 237 de la Constitución
El dirigente del PLD señaló que pretendiendo resolver un mandato constitucional la ley aprobada en el Senado despoja a los partidos del financiamiento que le otorga el Estado. Según Almeyda, esa decisión es un “tremendo sofisma” porque esos fondos no son suficientes para cubrir el presupuesto de esas primarias y viola el artículo 37 de la Carta Magna.
