La jueza que conoce la audiencia preliminar del caso Coral continuó ayer escuchando los alegatos de las defensas, entre ellas la del general Julio Camilo de los Santos Viola, acusado de ser parte de una red que desvió miles de millones de pesos de cuerpos castrenses.
Los abogados de De los Santos Viola, que cumple prisión preventiva, le indicaron a la magistrada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que el expediente y las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra del militar están llenos de “inexactitudes y falsedades”.
En su discurso, con el que busca convencer a la jueza de que no envíe juicio al imputado, la abogada Wendy Lora manifestó que, además de que las pruebas carecen de sustento, el general tiene como demostrar que adquirió sus bienes producto de su ejercicio profesional.
Cientos de pruebas a descargo
“Nosotros hemos recogido alrededor de 800 medios de prueba al favor del general, que sustentan todos y cada uno de los fondos utilizados para la adquisición de sus bienes, se justifica con su ejercicio profesional y crediticio”, dijo la jurista.
Precisó que entre las falencias de la acusación, está decir que De los Santos Viola compró una propiedad con dinero sustraído del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) del cual era subjefe, pues, dijo, esta vivienda la adquirió su familia cuando se radicaron en la ciudad tras emigrar de la provincia San Juan.
“Su madre fue la primera que compró un solar allí en el 1989, sin embargo esa propiedad está diciendo el Ministerio Público que él la compró con fondos de lavados de activos”, dijo Lora, quien también destacó que los solares que tiene el imputado en Cabirma del Este, en Santo Domingo Este, los adquirió entre 2006 y 2007, “pero ellos dicen que en el 2014 él se robó todo el dinero del mundo y compró esas propiedades”.
La semana pasada estuvieron presentando sus escritos de defensa las personas vinculadas a este imputado.
En esta audiencia preliminar la jueza Rivas decidirá si hay pruebas suficientes para que los 30 imputados y 18 empresas acusadas de defraudar al Estado con más de 4,000 millones de pesos, pase a juicio de fondo.
El alegado entramado de corrupción, que habría liderado el mayor Adán Cáceres, operó en el Cusep, en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) como también en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Fiscal asegura discursos de abogados son débiles
Sobre lo planteado por la defensa de los imputados, el Ministerio Público lo ha calificado como débiles. “De acuerdo con las pruebas y las imputaciones que nosotros como Ministerio Público hemos presentado, las mismas (defensas) han sido débiles”, dijo la semana pasada el fiscal Arolin Lemos. Indicó, además, que la jueza valorará en su momento las pruebas a cargo, las cuales, aseguró, fueron recogidas cumpliendo el debido proceso de ley.
