Miembros de la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa) denunciaron ayer que la muerte de 2,835 recién nacidos y 188 embarazadas y recién paridas durante el 2017 se debieron a deficiencias hospitalarias y a la negligencia del Gobierno.
En rueda de prensa en la Maternidad La Altagracia, la vocera de la organización, Alba Reyes, manifestó que el aumento en más de un 11% de la mortalidad materna se debió a la crisis financiera y gerencial del sistema público de salud, que apenas tiene consignado el 1.8% del Producto Interno Bruto.
Indicó que cada mes pereció un promedio de 236 neonatos, es decir, 7.8 infantes por día, lo que revela un aumento de la mortalidad infantil en un 9%, colocando a la República Dominicana en el segundo peor índice de salud materno- infantil de América Latina y El Caribe, lo cual es intolerable en un país, cuya economía crece a un ritmo de un 5% anual.
Aunque el Ministerio de Salud atribuye la mortalidad materna a causas directas como los trastornos hipertensivos del embarazo, septicemia o infecciones, hemorragias y el aborto, Reyes, señala que las causas estructurales de estas muertes abarcan la desnutrición, la pobreza, la baja inversión en salud y la falta de Unidades de Atención Primaria en barrios y campos que permitan a las embarazadas tener sus chequeos prenatales y partos.
“Todo esto a consecuencia de un modelo de salud mercantil y privatizador en donde predominan la corrupción, el desorden, la politiquería y la sed de ganancia por encima del derecho a la salud”.
En ese sentido, Adesa propone que todas las maternidades y centros infantiles intervenidos sean entregados y equipados en un plazo no mayor de seis meses; que haya un aumento del presupuesto en Salud y en especial de los hospitales maternoinfantiles y que el Estado asuma el primer nivel de atención como una prioridad en el país.
Gabino Hernández, por su parte, invitó a la marcha convocada para el próximo domingo 14 que partirá a las 10:00 de la mañana del Parque Enriquillo hasta el parque Independencia.
