Varias organizaciones de la sociedad civil interpelaron el pasado viernes al Estado dominicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en reclamo de la tutela efectiva del derecho a la salud y a la seguridad social.
Los representantes de la Alianza Dominicana por la Salud (Adesa) y una decena de organizaciones de la sociedad civil, representados los abogados Bartolomé Pujals, Genaro Rincón y Rosanna Marzán, denunciaron que la ausencia de una tutela efectiva del derecho a la salud y a la seguridad es lo que explica la alta mortalidad materna y neonatal por factores asociados a la insuficiencia presupuestaria y la falta de gerencia y de calidad en los gastos y servicios de salud y seguridad social.
Durante la audiencia celebrada en la Universidad de Boulder, Denver, Colorado, manifestaron que existe permisividad por parte del Estado con las élites económicas que controlan las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), las clínicas y los laboratorios clínicos y farmacéuticos.
Demandaron que el Estado ratifique el Protocolo de San Salvador y asuma su responsabilidad de ejercer una tutela efectiva del derecho a la salud, para lo cual se hace imperativo adoptar medidas para controlar los límites de quienes intentan imponer el derecho a hacer negocios por encima de los derechos fundamentales de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.
Presión tributaria
El Estado fue representado por el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa y la doctora Rhadis Abreu, embajadora de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes resaltaron los esfuerzos que ha venido realizando el Gobierno para reducir la mortalidad materna e infantil.
Chanel Rosa explicó que aunque el presupuesto para el sector salud no es mayor del 2% del Producto Interno Bruto, el Gasto Nacional de Salud ronda el 7%, y el monto global se ha triplicado en los últimos 10 años.
Agregó que el país tiene una presión tributaria muy baja, de alrededor del 15% del PIB, por lo que se hace muy difícil incrementar el presupuesto del gasto social sin antes mejorar los ingresos fiscales de la administración.
