Para siete Administradoras de Riesgos de Salud, la iniciativa de reformar la Ley 87-01, de Seguridad Social, impulsada por el Poder Ejecutivo, constituye un retroceso que llevaría al quiebre del sistema.La mutilación de la actual estructura jerárquica y funcional del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) para dar poderes extraordinarios a las Superintendencias de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y de Seguros, constituye la mayor preocupación de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars), que preside José Manuel Vargas.
El empresario considera que con la eliminación del derecho al veto de los sectores que financian el sistema, es decir, empleadores y trabajadores, para delegar esa potestad en una representación del Gobierno, el CNSS dejaría de ser un ente colegiado y tripartito, para retroceder a un esquema fracasado al servicio del clientelismo.
Señaló que muchas de las propuestas del anteproyecto, en vez de contribuir al perfeccionamiento del sistema con la ampliación de la cobertura y la universalidad del aseguramiento, son una grave amenaza de la sostenibilidad del régimen contributivo, como es la propuesta de inclusión de familiares enfermos y hasta de tercera generación, en un país donde el 67% de los trabajadores gana menos de RD$15 mil.
“La manera propuesta incentiva la antiselección, pues sería una afiliación facultativa y las ARS no tienen capacidad de selección de riesgo, por lo que estarían obligadas a recibir afiliados que sólo por situaciones de salud (enfermedades, cirugías o embarazo) contratan el seguro, lo cual afecta el equilibrio financiero del sistema y pone en peligro el otorgamiento de los beneficios de los empleados cotizantes”.
“Eso es un atentado al sistema que disfrutamos todos”, consideró Vargas durante una visita a elCaribe.
90% afiliados satisfechos con ARS
Afirma que aunque muchos ven las ARS como las malas de la película, a la que se le pegan todas las piedras, las encuestas resaltan que el 90% de los afiliados se sienten satisfechos con el servicio que reciben porque en la generalidad de los casos sus problemas son resueltos.
Vargas dice que en estos diez años han administrado eficientemente de manera eficiente los recursos limitados que reciben para pagar los servicios de salud que demanda la gente.
En un documento entregado por Vargas al director de este diario, Osvaldo Santana, se plantea además, que la pieza legislativa coarta la libre elección de los asegurados; genera serios conflictos de competencia entre la Sisalril, la Superintendencia de Seguros y el Ministerio de Salud, pues invade el campo de responsabilidades que les asignan las leyes; deja al CNSS como instancia inoperante y convierte a los superintendentes en funcionarios con superpoderes para controlar y dirigir a discreción la seguridad social y otras áreas que no forman parte de ella, como los seguros voluntarios de salud que ofertan las aseguradoras.
“Corresponde a las ARS negociar las tarifas y precios con los proveedores de servicios seleccionados, para que integren la red de PSS, atendiendo a aspectos de eficiencia y calidad, tomando en cuenta la libertad de contratación consagrada en el Código Civil Dominicano. Lo contrario implica obligar a las ARS a hacer frente a pagos que no puede gestionar ni negociar, lo que representa a mediano plazo el quiebre automático de las ARS y por ende, su desaparición del SDSS”.
Dicen se busca estatizar los Fondos de Pensiones
Para Vargas, la pieza tampoco mejora el sistema de pensiones y lo que se propone no está sustentado en un estudio concienzudo y técnicamente válido para hacer frente a la cobertura universal sin poner en riesgo a los demás regímenes, afectando los principios fundamentales del sistema: equilibrio financiero, separación de funciones, participación y unidad. En ese sentido, dijo que se pretende la estatización del control de los fondos de pensiones al dejar en manos del Gobierno decidir dónde y cuándo se invertirán los fondos de pensiones, determinar la rentabilidad del ahorro de los trabajadores, lo que no garantiza que serán invertidos en el mercado atendiendo al mejor interés de los afiliados. El presidente de Adars se queja de que ninguna de las observaciones planteadas por esa entidad al Ejecutivo ha sido acogida en las versiones modificadas posteriormente por el Gobierno y que por el contrario pretenden suprimir facultades fundamentales de las ARS para otorgarlas de manera desmedida a la Sisalril y al CNSS. Bajo ese esquema las ARS no podrían contratar libremente la red de prestación de servicios, tampoco negociar y gestionar con los prestadores el precio de los servicios y honorarios, y no podrían contratar y supervisar auditores médicos.
