El grupo de abogados contratados en 2021 por decreto presidencial para recuperar bienes y recursos del Estado, han recuperado entre 500 y 550 millones de pesos.
En un conversatorio con periodistas de prensa escrita de la fuente judicial, el grupo aclara que el referido monto recuperado no incluye ninguno de los casos de corrupción que hoy están en los tribunales, en referencia a los procesos judiciales denominados Medusa, Calamar, Antipulpo, Coral y otros.
“Si sacamos lo que se han recuperado a través de los procesos penales donde nos hemos constituidos en parte civil, y clasificamos aquellos que son de naturaleza meramente civil, donde nosotros tenemos iniciativas propias, decimos que tenemos alrededor de 500 a 550 millones de pesos recuperados”, reitera el abogado Jorge Luis Polanco.
Polanco explica que ese dinero recuperado son de casos civiles, no penales, donde ellos no se han querellado, ni existe una acusación del Ministerio Público.
Puso como ejemplo que la Cancillería dominicana había comprado el inmueble donde está el consulado en Panamá, por el valor dos millones de dólares, sin embargo el Estado dominicano no había podido obtener el título de propiedad.
Participan en todos los casos
En el encuentro con la prensa, en la Universidad del Caribe (Unicaribe), el abogado Jorge Luis Polanco explica que en todos los casos de corrupción administrativa que se encuentran en los tribunales, el equipo de abogado de Estado como actor civil, forma parte de los procesos judiciales.
“No existe ni un proceso penal en la República Dominicana, de corrupción administrativa, que ha iniciativa del Ministerio Público se haya encausado, donde el Estado dominicano no se haya constituido en parte civil para reclamar los daños materiales y morales con esos hechos. No hay un solo caso, en todos estamos activos participando”, recalca.
El grupo de abogados contratado por el Poder Ejecutivo, busca en los procesos judiciales por corrupción, lograr una indemnización económica por los daños morales y materiales que los imputados le han causado al Estado.
El equipo expone que de los casos de corrupción en curso, el Estado prevé recuperar 60 mil millones de pesos.
Polanco sostiene que ellos trabajan en coordinación con las unidades de auditorías internas de la Dirección Contrataciones públicas, la Contraloría General de la República y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, en busca de cualquier irregularidad.
Pueden llegar acuerdos empresas no procesadas
En cuanto a acuerdos civiles con empresas no acusadas por el Ministerio Público, el equipo de abogados explica que el Estado tiene la potestad para hacer acuerdos civiles aunque no haya un proceso abierto en los tribunales.
Dice que el objetivo no es cerrar empresas sino la recuperación del bien sustraído al Estado, con base en su capacidad de pago. El equipo, como abogado del Estado, está en la obligación de rendir cuentas de todo lo que hacen.
