Laura Acosta, abogada del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), calificó este jueves de indigna la manera en que fue arrestado su cliente, afirmando que fueron violados sus derechos fundamentales desde el primer momento.
“Aquí no estamos cuestionando el Ministerio Público, puede investigar, allanar o arrestar. Es una facultad del Ministerio Público decidir y los jueces otorgan. Pero el abuso, la violación de derechos, el impedir la asistencia de su abogado al momento del arresto. Esto es una actuación abusiva e indigna de esta procuraduría de la General de la República. Indigna, Es una actitud indigna, totalmente innecesaria” dijo durante una entrevista telefónica en el programa Despierta con CDN.
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Relató que, durante el arresto, las autoridades entraron de manera violenta a la vivienda. “A él lo esposaron frente a su familia, evidentemente, y a su hijo menor de edad. Cuando entraron en la habitación, su hijo menor estaba con su mamá en el baño, porque se estaba bañando, y los policías entraron y los sacaron a la fuerza del baño”, explicó Acosta.
La abogada insistió en que la falta de comunicación y el cierre de puertas por parte de las autoridades judiciales evidencian un proceso viciado y carente de transparencia.
Acosta denunció irregularidades en el manejo del proceso judicial de su cliente y relató que mientras Hugo Beras estaba bajo custodia, un procurador adjunto le comunicó que debía hablar con él para que firmara un documento. Sin embargo, la abogada se opuso a que Hugo firmara sin poder revisar el contenido del mismo.
“Le pedí que me permitieran entrar a la procuraduría para asistirlo y leer el documento antes de que firmara. Hablé con Hugo unos segundos y le pedí que pusiera la llamada en altavoz para que el fiscal escuchara mi solicitud pero me respondió que no iba a litigar conmigo y me cortó la llamada”, explicó
Asimismo, criticó el comportamiento de los jueces que, según ella, otorgan lo que se les pide sin considerar las consecuencias de sus decisiones.
“Es doloroso ver que se han convertido en el monstruo contra el que luchamos”, dijo.
Acosta expresó que, a pesar de que estaban presentes desde el primer momento de la detención, se les negó el derecho de asistir a Hugo, lo que pone en evidencia un proceso judicial viciado.
La jurista expresó que el extitular del Intrant la había contactado anteriormente para hablar de la situación que había pasado con la empresa semafórica Transcore Latam
“Hugo me contactó para que investigara de manera independiente lo que había ocurrido, y tras nuestra indagación, no entiendo qué cargos se le están imputando. Estamos a la espera de conocer la acusación formal del Ministerio Público”, señaló.
Acosta también manifestó que ni ella ni su cliente estaban al tanto de la existencia de una orden de arresto.
Además, la abogada recordó que Hugo solo había asistido a la Unidad Antifraude de la Contraloría en dos ocasiones, donde respondió a todas las preguntas relacionadas con una investigación en curso. “Después de esas reuniones, nos informaron sobre una auditoría técnica y legal, pero desde febrero de este año no hemos tenido comunicación formal sobre su estado”, lamentó.
Acosta resaltó que, aunque los abogados siempre viven en incertidumbre, la situación actual es especialmente preocupante en un contexto donde las garantías legales están siendo comprometidas.
Se espera que en las próximas 24 horas sea depositada por el Ministerio Público la solicitud de medida de coerción contra el exfuncionario.
