Inseguridad ciudadana, inflación, educación, energía eléctrica y salud retan Abinader, año clave para reelección
El presidente Luis Abinader y su gobierno llegan al año preelectoral, el 2023, con cinco temas esenciales que tienen efecto electoral, en deterioro. La inseguridad ciudadana, inflación, servicio de energía eléctrica, el sistema de salud agravado por el conflicto entre médicos y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y la educación en el centro de las críticas porque ha empeorado además de los constantes ruidos por irregularidades en la contratación de los servicios.
La inflación interanual a octubre de este año es de 8.24%, 4.24% más que la meta de 4% que estableció para este año el Banco Central. A pesar de eso, el presidente Abinader afirmó la pasada semana que la República Dominicana será “la luz y el faro de Latinoamérica como lo hemos sido estos años, tanto en la recuperación de la pospandemia, la económica y en muchos otros sectores”.
Las entidades económicas, país y organismos internacionales, han proyectado un crecimiento entre un 4% y un 5%, para este año. Uno de los mayores problemas del gobierno ha sido el precio del petróleo que se disparó a más de cien dólares el barril este año.
Los subsidios para congelar los precios de los combustibles superan los 31 mil millones de pesos.
Sin embargo, en los últimos meses el precio del barrio de petróleo ha bajado hasta los 85 dólares la pasada semana, pero aun así, está muy por encima del precio que se fijó en el presupuesto de este año que fue de 62.7 dólares el barril.
La inseguridad ciudadana llevó al presidente Luis Abinader a dar otro manotazo de advertencia a los delincuentes de que serán enfrentados, luego que los hechos de delincuencia común se han incrementado y las redes sociales están llenas de videos de ciudadanos que son víctimas de robos y atracos en plena luz del día.
En este contexto, los casos de delincuencia común en Santiago, han sido los más llamativos.
En la respuesta, el gobierno ha tenido varios traspiés. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que controlar la delincuencia “se tomará un poquito más de tiempo y que hasta podría empeorar”. Esa postura generó una avalancha de críticas y el pasado sábado el presidente Abinader fue más contundente y dio seguridad de que el gobierno garantizará la paz.
“Los delincuentes o se entregan o serán enfrentados drásticamente por la Policía Nacional y por el Gobierno. Estamos preparando y hemos avanzado bastante, aunque nos falta, una institución del orden para enfrentar verdaderamente a los delincuentes”, advirtió.
A la situación de inseguridad se han sumado el rechazo a las medidas tomadas por el ministerio de Interior y Policía de restringir la venta de bebidas alcohólicas en Santo Domingo y que no se permitirá ruidos en el Distrito desde las 10:00 de la noche hasta las 10:00 am.
La gestión de Abinader ha iniciado el proceso de profesionalización de la Policía para lo que creó un Grupo de Trabajo y contrató varios especialistas internacionales incluido José (Pepe) Vila Del Castillo, que fue juramentado en enero de este año como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva para la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de la Policía Nacional.
El gobierno, ante la crisis de inseguridad ha respondido con patrullajes mixtos de agentes de la Policía y miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los planes ha sido efectivo para mejorar la seguridad.
El servicio de energía eléctrica ha empeorado y los aumentos en la factura tienen a la población con el grito al cielo. La mayor señal de la preocupación del gobernante sobre este tema, es que designó a la vicepresidenta, Raquel Peña, como coordinadora del gabinete eléctrico, para enfrentar la crisis que al parecer se profundizará el próximo año por el costo y escasez del gas, el combustible que sostiene más del 40% de la matriz de generación de electricidad en el país.
En el pasado mes de julio, ante las quejas generalizadas por el aumento de la tarifa, el presidente Abinader anunció que dejaría sin efecto las alzas, pero a pesar de eso, los usuarios se siguen quejando. El gobierno explicó que los aumentos se deben al efecto del Pacto Eléctrico que prevé ajustar la tarifa. Desde noviembre del pasado año se han aplicado tres alzas.
El tema se complica por los efectos que pueda tener en el país la escasez y aumento del precio del gas en el mercado internacional por el impacto de las sanciones económicas que han impuesto muchos países de occidente a Rusia por la invasión en Ucrania.
La situación coloca al gobierno en una situación difícil en el año previo a las elecciones porque tendría que optar por subir la tarifa o asumir el subsidio para evitar afectar el bolsillo de la gente. Pero habría que ver si las finanzas públicas soportan un subsidio superior a los mi millones de dólares este año y de mil 200 millones de dólares en el presupesto del 2023. Ambas cifras podrían subir por los cambios en el mercado internacional.
El servicio de salud, además de las quejas de los pacientes que reciben la asistencia del gobierno para los medicamentos de alto costo, llega a fin de año con el conflicto entre el Colegio Médico Dominicano y las ARS, que ya afectó por dos días los pacientes del Gran Santo Domingo y la región este. Los médicos amenazan con profundizar si no se cumplen sus demandas de mejores honorarios.
El sistema está en alerta por el aumento de los casos de dengue en el país que ha provocado 42 fallecimientos y 8,340 contagios y el brote de cólera en Haití.
La educación es dolor de cabeza para el gobierno
La destitución de Roberto Fulcar, quien fue jefe de campaña de Abinader, como ministro de Educación a dos años de gobierno, luego de varios escándalos de irregularidades, fue una admisión del fracaso de la actual gestión en Educación. La cartera que recibe el mayor presupuesto, 4% del PIB, arrancó el año escolar con deficiencias en aspectos elementales como la falta de butacas y aulas.
El gobierno enfrentó una crisis por la intención de transferir 5 mil 200 millones de esa cartera a otras instituciones. Además, el ministro Ángel Hernández ha denunciado irregularidades en la gestión de Fulcar como que personas muertas aparecen cobrando en la nómina. Todavía está pendiente conocer cómo se hizo y la transparencia del gasto en clases virtuales.
