Denuncia delincuentes, terroristas e inmigrantes los han adquirido de manera ilegal
El aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader emplazó la mañana de este jueves a las autoridades nacionales a someter el sistema de expedición de cédulas y pasaportes a una rigurosa auditoría, ante las múltiples evidencias de que esos documentos oficiales han sido adquiridos como un medio que encubre actividades de delincuentes nacionales e internacionales cuyo accionar agrava la situación de inseguridad que padece el pueblo dominicano.
Abinader reveló que recientemente se le informó que hace varios meses, en un importante consulado dominicano desapareció un número indeterminado de pasaportes sin que hasta el momento se haya establecido su paradero ni los nombres de las personas a quienes les fueron expedidos.
“El país debe conocer también que entre 50 y 100 pasaportes dominicanos han sido comercializados en grupos vinculados al terrorismo y mafias criminales internacionales sin que en el país se hayan dado a conocer las investigaciones y sanciones correspondientes. En esos ámbitos es conocida la facilidad con que pueden ser adquiridos los pasaportes criollos”, expuso.
El economista y líder político hizo los señalamientos durante su intervención en un encuentro de altos oficiales y clases retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que respaldan las propuestas de cambios y reformas con que se presenta a las elecciones de mayo 2020.
Dijo que el desbordamiento de los robos, atracos y acciones criminales que cometen los delincuentes en contra de ciudadanos prácticamente indefensos crea hoy una situación que demanda medidas eficientes y enérgicas.
“Necesitamos que autoridades, liderazgo y dirigencia de todos los ámbitos pasemos de las palabras a los hechos. Yo cumplo mi responsabilidad como líder opositor presentando varias propuestas que son parte de las acciones y planteamientos que vengo haciendo desde hace mucho tiempo sobre cómo deben actuar el gobierno y las autoridades para proteger a nuestra gente y sus bienes”, fundamentó.
Sostuvo que las autoridades no pueden seguir dando respuestas ridículas, como aquella de que la inseguridad es asunto de percepción, o continuar ensayando programas y acciones que han venido fracasando unos tras otros, mientras el crimen organizado y la delincuencia común se apoderan de las calles y atacan sin control nuestras viviendas y negocios.
Los fracasos de los gobiernos del PLD en proteger las vidas y los bienes de nuestra gente, e incluso de visitantes del exterior, se deben a que sus diferentes planes y acciones no han sobrepasado los anuncios de prensa y la propaganda, incluyendo en esos fracasos los 8 operativos conjuntos de fuerzas militares y policiales, suspendidos a los pocos días de iniciados por no ser sostenibles ni efectivos.
En la semana pasada se conoció de una alerta del Departamento de Estado norteamericano a sus ciudadanos, para que se cuiden de la criminalidad al visitar a nuestro país, a lo que en estos días se ha unido una solicitud similar de las autoridades de Inglaterra.
Por más que el Gobierno quiera minimizar su importancia, tales alarmas pueden impactar negativamente en los indicadores relacionados con el turismo y las inversiones en el país.
Apenas el martes, agregó, la Conferencia del Episcopado emitió un responsable clamor para que el gobierno haga cumplir las leyes migratorias, que controle el micro, narcotráfico y la delincuencia que de una u otra forma nos afecta a todos.
Amplió que en los últimos años la situación de delincuencia e inseguridad se ha agravado a extremos inmanejables, por la extensión de las actividades del tráfico y microtráfico de drogas, agregándose la gravedad de que mientras las autoridades muestran su incapacidad e incluso permisividad, las organizaciones criminales han penetrado agresivamente a las instituciones que deben perseguir el delito.
Nadie puede ocultar cómo debido a esa contaminación del personal que debía ser la garantía del cumplimiento de la ley y el orden, frecuentemente son descubiertos y procesados efectivos militares y policiales de diferente jerarquía, resultando obvio que por cada detenido o procesado hay otros operando impunemente.
Como parte de la connivencia y la complicidad de diferentes autoridades con narcotraficantes de todos los niveles, inclusive “de cuello blanco”, como los ha calificado hasta el mismo presidente Danilo Medina, existe en el país una situación a la que urge poner un alto.
Recientemente advertí que correspondía a las autoridades explicar quiénes son los poderosos padrinos que les dan apoyo y cobertura a criminales que vienen del exterior a guarecerse en nuestro país.
Esos criminales apadrinados sólo son descubiertos cuando interviene la policía internacional, como ocurrió días atrás con Julián Alberto Jiménez Monsalve, alias “Machete”, delincuente colombiano que vivía a sus anchas en nuestro país, desde donde dirigía sus operaciones.
Parecería que con esta detención el gobierno dominicano se anotó un gran triunfo en la persecución de la delincuencia organizada, pero la realidad es que las investigaciones que dieron con su identificación y posterior captura fue un laborioso y efectivo trabajo de inteligencia de cuerpos de seguridad internacionales, con los que el gobierno dominicano se limitó a colaborar.
El caso de Machete puso al descubierto la forma en que fueron emitidos cédula y pasaporte dominicanos a su nombre, práctica denunciada en el pasado con criminales internacionales que han residido en el país con varias identidades falsas.
De igual forma ha sido denunciado en múltiples ocasiones cómo ciudadanos haitianos que ingresan ilegalmente, son dotados de documentos de identidad para residir en el país o viajar al exterior.
Citó que recientemente hizo un llamado al gobierno sobre la necesidad de implementar cuatro medidas para empezar a reducir y controlar los altos niveles de inseguridad y delincuencia, como la inclusión en el código penal de la cadena perpetua y el cúmulo de penas para casos extremadamente graves, la dignificación y modernización de la policía, la reforma del sistema judicial que incluya la independencia del Ministerio Público, y la creación de oportunidades para nuestros jóvenes a través del Programa 14-24.
“Pero hoy, ante la extrema gravedad alcanzada por el desbordamiento de la criminalidad, y consciente de que la sociedad dominicana no puede aceptar seguir viviendo bajo el miedo, me siento en la obligación de exigir al Gobierno Central, la realización de una auditoría especializada a la Cédula de Identidad y Electoral y a los Pasaportes, con el fin no sólo de detectar cuántas cédulas de identidad y pasaportes puedan haber sido emitidos de manera irregular, sino incluso para empezar a desmantelar lo que seguramente es una red de corrupción en los organismos encargados de la emisión de este tipo de documentos.
“Una investigación de estas características puede llegar a convertirse en el paso inicial que nos lleve a identificar a esos “padrinos” de los grandes delincuentes que por años se han refugiado en la República Dominicana, de los cuales solo unos pocos han sido detectados, apresados y deportados.
“Estamos ante una situación extrema y es definitivamente mi deber, cumpliendo una vez más nuestro rol como oposición responsable, hacer este llamado al gobierno para que emprenda estas acciones para beneficio del sosiego de las familias dominicanas”, concluyó.
