El incidente ocurrido en las instalaciones del Centro de Retención Vehicular El Coco (Canódromo) en el que resultaron agredidos el Defensor del Pueblo, el Secretario General y miembros de la prensa, sirvió para acelerar la solución a denuncias de irregularidades cometidas contra propietarios de vehículos retenidos.
Así lo percibe el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Rafael Arias, quien informó en el programa Despierta con CDN que por instrucciones del presidente Luis Abinader se creó una comisión interinstitucional para evaluar cada caso de las unidades llevadas allí.
La comisión está integrada por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía, Defensor del Pueblo, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Intrant.
Se espera que este miércoles los representantes de los organismos mencionados vuelvan a reunirse para establecer el protocolo de entrega de los vehículos retenidos.
En pasadas reuniones, se acordó que la Contraloría realice una auditoría de los vehículos retenidos, para proceder hacer una publicación a fin de que todo al que se le haya retenido su medio de transporte pueda retirarlo siempre y cuando cuente con la documentación que justifique su vinculación con este.
En respuesta a las voces que piden el desmantelamiento del Canódromo, el funcionario dejó claro que los centros de retenciones no desaparecerán porque su figura está constituida en la ley 63-17.
En ese sentido, informó que se trabaja en la construcción de un centro de retención “donde el Estado asuma la responsabilidad frente al ciudadano sobre el vehículo que lleva”.
“Un mal que estaba ahí se destapó con un problema, ahora la solución es conjunta: construcción de un nuevo centro de retención, porque no podemos decir que se eliminarían los centros de retención porque la ley establece elementos en los que impide que un vehículo siga circulando por la falta de documentación del conductor”, dijo.
Al hacer referencia al incidente en el Canódromo que conllevó la destitución de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, quien dirigía el centro, sostuvo “que este incidente debemos verlo desde un punto de vista hasta positivo porque sirve para aclarar una situación que se estaba dando en el Canódromo: la queja de la población de que no se le entrega su motocicleta o que se le entrega faltándole piezas”, expresó.
Arias recordó que el hecho de que un conductor no cuente con la documentación necesaria para circular en las vías, es motivo para que termine en el Canódromo; problemática que dice es más frecuente en el caso de las motocicletas, situación que, agregó, debe tratarse desde el origen con su importación.
En ese orden, el director del Intrant se refirió al Plan Nacional de Registro de Motocicletas que lleva la entidad, mediante el cual, según comunicó, llevan registradas más de 400 mil motocicletas.
Las estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que deberán ser actualizadas, registran 2 millones 600 mil motocicletas, sostuvo Arias.
“Ha sido un poquito lento por la resistencia que presentan los motoristas al registro, porque una vez registrados, los obliga a portar el casco”, destacó.
Añadió que el Gobierno está haciendo esfuerzos para inducir el uso del casco protector. “La autoridad entrará en su momento a la fiscalización de todo aquel que no haya sido registrado”, advirtió.
Licitación de inspección vehicular será en junio
En su participación en Despierta con CDN, el funcionario anunció que la Dirección General de Alianza Público Privada maneja una propuesta para la implementación de una inspección técnica vehicular “real”, y que se programó para junio de este año un proceso de licitación. Los participantes deberán disponer de las capacidades y recursos para instalar los talleres para hacer “una verdadera inspección de los vehículos”, y de esa manera reducir la cantidad de unidades en condiciones anormales que circulan en la vía pública. Arias contestó a los cuestionamientos surgidos por la propuesta entregada por un actor del sector privado y que estudia el Gobierno, de distribuir los ingresos que se captarían en un 90 % para el agente privado y el restante 10 % para el Estado.
“Sobre la participación del Gobierno en ese proyecto, todavía no se ha definido. Una cosa es que la empresa privada haya hecho una propuesta económica asignando un beneficio al Gobierno y otra es que esa sea la propuesta final que se le haga a quien gane la licitación”, puntualizó el director del Intrant. En dicho escenario, anunció que en esta semana tendrá lugar una presentación del proyecto, del que asegura hay buenas expectativas.
