El costo de campañas y el uso de los recursos públicos siguen como retos; avanzan en depuración candidaturas
Los partidos políticos y la Junta Central Electoral (JCE) toman medidas para evitar o reducir los males históricos de la política se repitan en las elecciones de 2024, como candidaturas vinculadas al crimen organizado, el costo de las campañas electorales y el uso de los recursos públicos.
El mayor esfuerzo de los partidos ha estado concentrado en evitar que personas vinculadas al crimen organizado puedan “colarse” como candidatos a cargos de elección popular.
La Fuerza del Pueblo (FP), a través de la Comisión Nacional Electoral, depuró la lista de aspirantes a precandidatos y descartó más de 50 personas que se registraron para diferentes candidaturas por cuestionamientos de distinta naturaleza. En tanto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sometió su lista de 4 mil 500 precandidatos a depuración de los organismos de inteligencia del Estado y las autoridades de Estados Unidos, a través de la embajada de ese país en la República Dominicana. Adicionalmente, el PRM abrió un buzón para recibir denuncias de la ciudadanía sobre algún candidato cuestionado en la demarcación en la que aspira.
Como parte de ese proceso, el PRM rechazó la precandidatura de la diputada Rosa Amalia Pilarte, que está bajo investigación del Ministerio Público por lavado de activos. La dama junto a esposo, Micky López de delitos vinculados al crimen organizado como el lavado de activos. Al menos cinco diputados que salieron electos en la boleta del PRM están bajo investigación y sometidos por vínculos con el narcotráfico.
Además de Pilarte, de La Vega, está preso en Miami, Estados Unidos, el diputado de Santiago Miguel Gutiérrez, y están bajo investigación Nelson Marmolejo, Faustina Guerrero y Sergio Moya, de la capital, este último mencionado en la operación anticorrupción Calamar.
En tanto, el presidente de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Bichara, informó que su partido históricamente ha sometido a depuración de las autoridades de los Estados Unidos, sus aspirantes a cargos de elección popular.
Con relación a ese tema, el presidente de la JCE, Román Jáquez ha dicho que el órgano está en alerta máxima para evitar que el dinero de origen ilícito penetre las campañas de los partidos políticos. En ese sentido, puso énfasis en los movimientos de apoyo externo de los candidatos porque el que el dinero que entra a las campañas políticas desde esas plataformas tiene poca supervisión.
JCE pone énfasis en topes
El primer intento de la JCE por abaratar el costo de las campañas políticas en el país, fracasó. El órgano electoral propuso reducir los topes para la precampaña y campaña electoral en bajar los topes establecidos en la ley de Partidos Políticos y la del Régimen Electoral 33/18. De hecho, las modificaciones a la ley electoral fueron mínimas mientras que la ley de Partidos no se tocó.
Sin embargo, el órgano electoral se ha centrado en tomar medidas administrativas como para vigilar el uso que hacen los partidos políticos de los fondos que reciben del Estado.
En el 2020, la JCE dispuso que la Unidad Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos sea de carácter permanente, no sólo en años preelectorales y electorales, en atención a la norma vigente.
En agosto de 2019 el pleno aprobó el Reglamento de Fiscalización y Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, el cual establece los mecanismos para llevar a cabo el proceso de control financiero de los partidos políticos y cuya normativa ha tenido un mínimo nivel de cumplimiento, según lo expresado por el actual pleno de la JCE.
Otro elemento que se “vendió” como un aspecto que abarataría el costo de las campañas políticas fue limitar el tiempo del activismo. De hecho en la ley 33/18 la precampaña electoral solo abarca tres meses.
Sin embargo, en el actual proceso político ese límite nunca se respetó. El hecho que mejor puso de manifiesto esa realidad fue la “consulta” interna del PLD que se realizó en octubre del pasado año en el que se escogió a Abel Martínez como candidato presidencial, a pesar de los límites que fija la ley.
Las demás organizaciones políticas también han estado colocando vallas y afiches bajo el pretexto de que se trata de una campaña de afiliación.
A pesar de esas violaciones la JCE mantuvo silencio sobre la campaña a destiempo, pero recientemente emitió una resolución que prohíbe los mítines, afiches, vallas así como otros tipos de propaganda en el exterior.
Los partidos de oposición acusan al órgano electoral de recibir presión del gobierno para tomar la medida y depositaron un documento en el que piden al órgano dejar sin efecto la decisión. Por el contrario, el PRM informó que respetará la decisión del órgano electoral.
El plazo de la JCE a los partidos vence este viernes 25 y antes tendrá que dar respuesta a la solicitud de la oposición.
¿Y el uso de los recursos del Estado?
La pasada semana, el pleno de la JCE aprobó la resolución que 38/23 sobre la participación de los funcionarios en la campaña electoral. La medida lex recuerda a los dirigentes y partidos políticos que el uso del dinero del Estado para favorecerse políticamente se sanciona con la suspensión de los recursos que reciben como aporte del Estado y el pago de 200 salarios mínimos.
En la disposición, la JCE recuerda que los funcionarios designados por decreto, cuyas candidaturas sean aceptadas por la JCE, quedan suspendidos de manera automática en sus funciones mientras dure la campaña electoral.
Sin embargo, los partidos de oposición han denunciado que el PRM usa los recursos públicos para “conquistar” a los dirigentes que pasan a sus filas, especialmente los alcaldes y directores de distrito. De hecho, los partidos de oposición hace más de un año y medio que sometieron una instancia ante la JCE en la que denuncian que el gobierno a través de la Liga Municipal estaría aportando recursos a los dirigentes de la oposición como condición para que pasen a sus filas.
Sin embargo, la JCE no ha dicho si esa investigación se hizo y cuáles fueron los resultados.
Sin fiscal electoral para procesar los delitos
La Procuraduría Especializada de Delitos Electorales no tiene titular, debido a que la procuradora fiscal, Gisela Cueto, designada en 2020 en el cargo, se jubiló de sus servicios en el Estado y está a la espera de la correspondiente pensión. El tema no se toca entre los partidos políticos ni la JCE a pesar del mandato legal. La ley establece en el artículo 324 que el titular debe ser nombrado con no menos de dos años antes de las Elecciones. Faltan poco más de ocho meses para las votaciones municipales y menos de un año para las presidenciales y congresuales. La ley establece la designación de cuatro fiscales adjuntos, pero no está claro si esos cargos también están a la espera de nombramientos. La figura del fiscal electoral es una de las novedades que trajo la Ley del Régimen Electoral 15/19 y que mantuvo la modificada Ley 20/23. A pesar de lo que establece la ley 20/23 sobre los delitos electorales y su tratamiento en una instancia especializada, una sentencia del Tribunal Constitucional le quitó al Tribunal Superior Electoral la competencia para conocer los delitos electorales al establecer que el imputado tiene el derecho de que sus acusaciones sean conocidos por el juez natural de la persona.
