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La Operación Pandora, puesta en marcha por el Ministerio Público, reveló una red criminal integrada por varios miembros de la Policía Nacional, encabezados por el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien hasta su arresto lideraba la Intendencia de Armas de la institución.
Esta red sustrajo más de 900,000 proyectiles, que luego se comercializaron en barrios del país y en Haití. Los funcionarios involucrados en esta red de tráfico de municiones violaron, entre otras cosas, los estrictos procedimientos establecidos en el Reglamento para el Registro, Almacenamiento y Conservación de Armas, Municiones y Equipos Letales y No Letales, que exige un control riguroso de estos materiales por parte de la Policía Nacional.
Los perfiles de los funcionarios involucrados
1. Coronel Narciso Antonio Féliz Romero
El coronel Féliz Romero era el responsable de la custodia de las armas y municiones de la Policía Nacional. Como líder de la Intendencia de Armas, su labor implicaba supervisar y garantizar que todos los materiales bélicos estuvieran debidamente registrados, almacenados y conservados.
Según el Reglamento para el Registro, Almacenamiento y Conservación de Armas, su puesto le confería la responsabilidad de asegurar que las armas y municiones no se entregaran o facilitaran a personas ajenas a la institución, bajo pena de destitución y sanciones penales.
Sin embargo, su implicación en el robo y la venta ilegal de municiones pone en evidencia una flagrante violación de su juramento.
2. Capitán Nelson Valdez
El capitán Nelson Valdez estaba a cargo del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos, lo que lo convirtió en uno de los actores clave en este robo. Según el reglamento, los encargados de los depósitos deben cumplir con estrictas medidas de seguridad. Esta seguridad debe tener como finalidad la garantía de que las armas y municiones se mantengan bajo estricta custodia.
El artículo 52 del reglamento establece que toda arma, munición o explosivo que ingrese a la Policía Nacional debe recibirse debidamente y depositarse bajo el control del intendente de armas. Valdez, al ser responsable del almacenamiento y la custodia de estas armas, violó gravemente estas normativas. El mismo permitio la sustracción y venta ilegal de miles de municiones.
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3. Capitán y auditor Víctor Manuel Santos
El capitán y auditor Víctor Manuel Santos tenía como responsabilidad llevar a cabo auditorías regulares en la Intendencia de Armas para asegurar la correcta administración de las municiones y equipos.
Sin embargo, en lugar de cumplir con su rol de fiscalización, Santos alteró los resultados de muchas auditorías realizadas en la institución. La finalidad de este oscuro entramado se basaba en ocultar las irregularidades detectadas en el inventario de municiones.
Según el artículo 69 del reglamento, cualquier miembro de la Policía Nacional que comercialice o facilite armas o municiones fuera del marco legal está sujeto a sanciones penales.
Santos no solo participó en el encubrimiento del robo, sino que también intentó manipular los resultados de las auditorías. Esto lo hizo con la finalidad de ocultar las irregularidades a las autoridades.
4. Subintendente Juan Miguel Pérez Soler
El subintendente Pérez Soler estaba involucrado en la logística de distribución de las municiones robadas. En su rol como subordinado directo de los encargados de la custodia y el depósito, Pérez Soler tenía la responsabilidad de garantizar que las armas y municiones se entregaran de manera adecuada y bajo los protocolos de seguridad establecidos por el reglamento.
Su implicación en la red criminal y su participación en el comercio ilegal de municiones violaron las normas de asignación y distribución que la Policía Nacional tiene en vigor.
5. Segundo Teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio
Como armero de la Dirección Regional Cibao Central, Rodríguez Toribio estaba encargado de mantener y reparar las armas de la Policía Nacional. Sin embargo, su involucramiento en la red criminal ha puesto de manifiesto cómo los funcionarios encargados de la custodia y el mantenimiento de los armamentos pudieron manipular los registros de armas y municiones.
Según el artículo 16 del reglamento, el armero tiene la responsabilidad de verificar la capacidad técnica de los encargados de las armas. También el mismo tiene la responsabilidad de asegurar el manejo adecuado de estos recursos, lo cual el funcionario directamente vulnero en este caso.
El Ministerio Público señaló que este caso es un ejemplo de cómo la colaboración interinstitucional puede rendir resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, valoró el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de derecho y su proceso de reforma al denunciar estos hechos.
