Algunos “delatan” conspiración en las pacíficas demandas ciudadanas del fin de la corrupción y la impunidad, que lógicamente respaldan los opositores, liderados por el excandidato presidencial del PRM, Luis Abinader.En otra onda, Eduardo Jorge Prats, contratado por el Gobierno como asesor en el tema Odebrecht, ha planteado el dilema del país tras revelarse el sonado escándalo de corrupción.
Entrevistado en el canal 37 la semana pasada, el aliado político del presidente Danilo Medina dijo a Edith Febles: “Si no cae quien tiene que caer, puede caer el Gobierno”.
Despejando las dudas que pudieran provocar su sorprendente afirmación, Jorge Prats preguntó a continuación: “¿Qué es preferible, que caiga el Gobierno, o que caiga quien caiga porque haya metido la mano donde no la tenía que meter?”
El sorpresivo reconocimiento de Jorge Prats es sólo un registro espectacular del calado que tiene el affaire Odebrecht que, entre otras consecuencias, ha generado un sacudimiento, -“un despertar, un antes y un después”, lo llamó Abinader en la marcha del 22 de enero-, del adormecimiento del pueblo, soportando los abusos de gobiernos injustos, abusadores y mentirosos.
Otra consecuencia puntual es la caída en la popularidad del presidente, que del 62% que le asignó la JCE en los comicios de hace 8 meses, según Gallup-Hoy a inicios de febrero registra un descenso que lo sitúa en alrededor de un 50%, tendencia que seguirá acentuándose conforme indica el 91% de electores que apoyan las demandas por el fin de la corrupción y la impunidad.
Las revelaciones admitidas por Odebrecht, de que funcionarios dominicanos participaron en el esquema de asesoría de campañas electorales y sobornos para la concesión de obras públicas sobrevaluadas, han tenido un impacto devastador en la credibilidad y la confianza popular en las autoridades.
No han faltado analistas sugiriendo que el presidente Medina podría verse obligado a renunciar a menos de un año de ganar las pasadas elecciones, en caso de que su Gobierno no dé respuestas contundentes al más grande escándalo de corrupción que se haya conocido en el país, por lo que su Gobierno podría caer, como plantea su asesor Jorge Prats.
Junto al pago de 184 millones de dólares de multa se ha estimado que Odebrecht debe devolverle al país indemnizaciones y ganancias ilícitas que suman más de US$ 360 millones, además del valor del financiamiento de todo ese dinero.
No hay acuerdo de la Procuraduría que valga, al margen del conjunto de multas, indemnizaciones, identificación y penas de cárcel para los culpables, en el marco de un juicio abreviado como el que se hizo en Brasil.
Sin la imposición de penas para los ilícitos que castigan la Constitución, el Código Procesal Penal, la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, la 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión, y el contrato CDEEE-ODEBRECHT para la construcción de las plantas de Punta Catalina, el Gobierno del presidente Medina estará desatando confrontaciones que el país no necesita.
