Managua.- El Gobierno de Nicaragua dio hoy por concluida la presencia de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y anunció que expiró el plazo de otro grupo del organismo que investigaba la violencia que ha dejado centenares de muertos en el marco de la crisis que vive el país.
El Ejecutivo que preside Daniel Ortega anunció, por un lado, la suspensión “temporal” de la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), establecido por la CIDH, y, por otro, la expiración del plazo de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La decisión fue comunicada a representantes del Meseni y del GIEI en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Managua, donde fueron citados, y también a través de una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y al secretario ejecutivo de la CIDH.
El Gobierno, según la carta suscrita por el canciller Denis Moncada, señaló a la CIDH, Meseni, GIEI y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) de haberse “constituido en una plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país”.
También señaló a Almagro de participar “en la escalada criminal, injerencista, promoviendo acciones terroristas en el orden político, económico y militar que viola los derechos humanos del pueblo nicaragüense”.
Las intervenciones de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis nicaragüense “demuestran que las acciones realizadas por los organismos de la OEA y la ONU responden a la estrategia de asfixiar al pueblo de Nicaragua”.
La CIDH lamentó la decisión del Gobierno de Ortega de expulsar de forma temporal del país al Meseni, pero aseguró que continuará actuando desde su sede en Washington porque “la situación en Nicaragua continuará siendo una prioridad”, aseguró en Twitter el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrão.
El Meseni llevaba en Nicaragua desde el pasado 24 de junio y tenía el objetivo de vigilar “la situación de derechos humanos”, y dar seguimiento a las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la propia CIDH.
El GIEI, que publicará su informe final sobre la situación en los “próximos días” -según la CIDH-, tiene como meta secundar investigaciones de los hechos violentos sucedidos en este país entre el 18 de abril y el 30 de mayo en base a un acuerdo alcanzado entre la CIDH, la Secretaría General de la OEA y el propio Gobierno de Ortega.
El coordinador del GIEI, el italiano Amerigo Incalcaterra, afirmó que el Gobierno de Nicaragua les sugirió no presentar su informe sobre la crisis -lo que estaba previsto este jueves- en territorio nicaragüense, en la reunión en la que el canciller Moncada les informó sobre la conclusión de su misión.
Los miembros del GIEI Claudia Paz y Paz, de Guatemala, y el argentino Pablo Parenti, coincidieron en que ninguna de las instituciones del Gobierno brindó un mínimo de ayuda para esclarecer los casos de violencia que ha dejado cientos de asesinatos desde el estallido social de abril.
Esa cooperación no fue posible ni siquiera para hablar con los familiares de 22 policías muertos, por lo que el informe fue concluido con “fuentes abiertas” y reportes de medios de comunicación.
La peruana Sofía Macher, también integrante del GIEI, sostuvo que la decisión del Gobierno “nos ha sorprendido”, y reiteró el compromiso de los expertos con que “las víctimas sean atendidas en justicia y reparación”.
La decisión del Gobierno de Nicaragua llegó horas después de que la CIDH advirtió de la “intensificación de la cuarta etapa de represión estatal” en Nicaragua, que consiste en actos de represión contra periodistas, medios de comunicación independientes y ONGs.
Las tres etapas previas consistieron en agresiones a las protestas callejeras pacíficas, ataques armados contra ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas, según la CIDH, todas con saldos mortales.
Nicaragua está inmersa en una crisis desde el estallido el 18 de abril de unas protestas que buscan la renuncia de Ortega.
La situación ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo a la CIDH, aunque algunos grupos elevan la cifra a 545 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
