Una indemnización de 500 millones de pesos es la solicitud que hace el Comité de Lucha para la Defensa de Los Tres Brazos en contra de los imputados por supuestamente vender ilegalmente terrenos del referido sector.
El comité junto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los moradores del sector depositaron ayer, donde se hace constar esta petición, toda la documentación para constituirse en actor civil y una querella formal en contra de los procesados por el caso.
Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH, indicó que también están solicitando que sea revocada la decisión de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que varió a varios de los imputados la medida de coerción de prisión preventiva a garantía económica uso de brazalete y presentación periódica.
“Eso constituye una vergüenza para el país, una vergüenza para la sociedad dominicana, que un fraude de los más grande que se ha dado en el país, donde se atrevieron a vender un barrio con sus moradores adentros, y que no halla presos deja muy mal parado a la justicia dominicana”, dijo.
De su lado, el vocero del comité, Miliciades Geraldo dijo que no descansarán hasta tanto los imputados paguen en los tribunales.
“No descansaremos hasta tanto cada uno de los moradores de nuestra comunidad tenga el título en sus manos, es un hecho bochornoso lo que aconteció en la comunidad de Los Tres Brazos.
Los imputados son e exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar Objío; Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico; Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional; Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de INFEPA, y los miembros de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, y Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de CORDE.
Esta semana el Ministerio Público depositó en la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional la acusación formal contra de los 17 implicados.
El órgano acusador solicitó que solicitó que se dicte auto de apertura a juicio en su contra, acogiendo en su totalidad la acusación presentada en contra de los encartados por los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, soborno de funcionario público, abuso de funciones, complicidad en desfalco en perjuicio del Estado dominicano, asociación de malhechores, estafa, coautor de soborno de funcionario público, falsedad en escritura pública y complicidad en desfalco.
