Lima .- Una movilización de transportistas informales desató el caos este lunes en Lima, cuando degeneró en ataques a autobuses y bloqueos de autopistas en diferentes zona de la ciudad, que dejaron más de 40 detenidos y que revelaron los graves problemas de tránsito de la ciudad.
Aunque la protesta contó, en un principio, con el permiso de las autoridades, tras los reportes de incidentes, en los que incluso se produjeron disparos “al aire” de agentes policiales, el Ministerio del Interior anunció que había retirado esa autorización.
Los llamados “colectiveros”, que utilizan combis y vehículos particulares para transportar pasajeros por la ciudad, protestaron ante la entrada en funciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y el Callao (ATU), un organismo creado para reordenar y modernizar el caótico tráfico en la capital peruana.
Los informales exigen que las autoridades les otorguen permisos para realizar su servicio en la ciudad, a pesar de que desde hace años se busca implementar un servicio de transporte regulado en grandes autobuses y las empresas formales que han asumido esa tarea se quejan de que son afectadas por la competencia desleal.
CAOS EN LA CIUDAD
Desde el amanecer del lunes se reportaron incidentes en grandes avenidas del norte, sur, este y centro de Lima, donde manifestantes bloquearon el paso, cortaron neumáticos de autobuses e incluso atacaron a pasajeros que protestaron por su actitud.
El general de la Policía Gastón Rodríguez, jefe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, declaró a la cadena local América Televisión que la Policía está disolviendo las movilizaciones y reportó que más de 40 personas fueron detenidas por alteración al orden público y daños a la propiedad privada.
“La Policía, a partir de este momento, ha ordenado que no se produzca ninguna movilización. Que se despejen todas las vías y se proceda a la captura inmediata de quienes encabezan estos desplazamientos”, sostuvo.
LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE
Al respecto, la presidenta de la ATU, María Jara, afirmó “que estos señores que se dedican a una actividad ilícita habían amenazado con generar actos de violencia en distintos lugares de la ciudad y, en particular, contra operadores de transporte”.
Jara declaró en la emisora RPP Noticias que las autoridades tienen “que censurar” este tipo de protestas, “porque revelan que esta es una clara amenaza para que se perpetúe el desorden, la delincuencia y esto no es admisible”.
La funcionaria, que hasta 2017 fue ministra de Transportes y Comunicaciones, denunció que un grupo de los dirigentes informales se reunió hace unos meses con integrantes del Congreso que fue disuelto el pasado 30 de septiembre, y que estos prometieron que iban a formalizarlos, a pesar de que esa medida va contra la ley.
“Desde ya, normativamente, nosotros defendemos el orden, defendemos el transporte para las personas y la calidad de vida que todos nos merecemos. La ciudadanía merece otro tipo de transporte, a eso tenemos que ir”, enfatizó.
EL ALCALDE RECHAZA LA INFORMALIDAD
El caos generado en la ciudad también fue rechazado por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien enfatizó, en un mensaje en Twitter, que se debe mantener la firmeza en la lucha contra la informalidad.
“Los peruanos tenemos que ser firmes en nuestra lucha contra la informalidad. No podemos admitir ni la informalidad ni la violencia. La mejora del transporte requiere profundos cambios en los que tenemos que trabajar juntos autoridades y ciudadanos”, remarcó.
Precisamente, en los últimos días Muñoz ha indicado que las tareas de supervisión y reorganización del transporte urbano en Lima y el Callao han sido traspasadas a la ATU, y se ha iniciado la implementación de controles electrónicos en los corredores viales para sancionar a los informales.
EL CAÓTICO TRANSPORTE LIMEÑO
Diversos informes internacionales, entre ellos uno reciente del Foro Económico Mundial, sitúan a Lima como la tercera ciudad con el peor tráfico en el mundo, después de la india Bombay y la colombiana Bogotá.
En medio de la sobreabundancia del parque automotor que, según cifras de la Cámara de Comercio, en 2016 reunía a más de 2,6 millones de vehículos en Lima, circulan decenas de miles de vehículos pequeños, desde combis a automóviles, dedicados a ofrecer el servicio de taxis y “colectivos” informales.
Estos transportistas aseguran que atienden una demanda desatendida de la ciudadanía, afectada por la lentitud del tráfico y el número limitado de grandes unidades de transporte de empresas que en los últimos años han ganado licitaciones para atender los corredores viales establecidos en la capital peruana.
Las empresas formales señalan, por su parte, que las autoridades poco hacen para que se cumplan las normas, por lo que hace dos semanas anunciaron que paralizarían su servicio durante unas horas, pero luego revirtieron esa medida tras reunirse con el alcalde Muñoz.
