Las AFP se quejan porque sus ingresos bajarán.
El economista Arismendi Díaz Santana aseguró este domingo que los cambios en la Seguridad Social no benefician a los trabajadores.
Desde su punto de vista, las reformas contenidas en la Ley 13-20 recién promulgada, sólo cambia la estructura de las comisiones que cobran las AFP, para dar la sensación de que reduce los ingresos y beneficios de estas empresas.
“El presidente Danilo Medida acaba de perder la gran oportunidad histórica de evitar que más de tres millones y medio de trabajadores dominicanos reciban pensiones de miseria que los convertirán en pobres e indigentes”, planteó.
Díaz Santana tiene altos estudios en Seguridad Social en la OISS, España. Diseñó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), redactó la Ley 87-01 que creó dicho Sistema, y fue el primer gerente general de la Seguridad Social Dominicana. Durante seis años fue consultor en Seguridad Social de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS/OMS) para Centroamérica y República Dominicana, con sede en Guatemala. Actualmente es consultor independiente en el tema.
“Compartimos los pronósticos de los especialistas de que “se introducen cambios para dejar todo igual o peor”. Los cálculos preliminares arrojan, por ejemplo, que la comisión mensual de las AFP continuará creciendo de manera acelerada: de 817.4 millones en el 2019 a 1,837.6 millones mensuales en el 2029”, dijo Díaz Santana.
La explicación es que el fondo de pensión acumulado crecerá en un 569.2%, mientras la comisión cobrada sólo se reducirá en un 37.5%, durante el período.
“La ley aprobada les garantiza una comisión a las AFP por un total de 136,919.2 millones entre el 2020-2029, una ganancia sin precedentes, a costa de los trabajadores dominicanos. El fondo acumulado crecerá más rápidamente, debido a dos factores: a) al aumento del 5% en la cuenta individual; y b) a la afiliación extraordinaria de unos 175,000 trabajadores de los ayuntamientos y de las Mipymes, por la eliminación de la mora”, sostuvo.
El economista calculó que de haberse aprobado la propuesta original del Poder Ejecutivo, los trabajadores dominicanos hubiesen perdido 29,151.9 millones más, reduciendo más aún el fondo acumulado y acentuando las distorsiones existentes. “Este cambio a favor de los trabajadores fue el producto del análisis y de los cálculos presentados a la Comisión bicameral que conoció el proyecto original del Poder Ejecutivo. Se trata de una reforma tan desigual que mientras las AFP continuarán cobrando el máximo, los pensionados dominicanos terminarán recibiendo el mínimo”, agregó.
Díaz Santana opina que no se resuelve el problema de las bajas pensiones, por lo siguiente: El sistema de pensiones de la Ley 87-01 apenas garantiza un 25% del salario al momento del retiro de los trabajadores dominicanos, por lo que es ahora cuando este grave problema debe enfrentarse, para mejorar las oportunidades de los asalariados de disfrutar de un retiro digno y seguro.
Ello requiere de una revisión profunda del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia de la Ley 87-01, la cual ha sido recomendada por todos los estudios de organismos y especialistas nacionales e internacionales.
“Pero en vez de asumir esta responsabilidad histórica, las autoridades optaron por evadir este gran problema, mediante una mini reforma que sólo beneficia a las AFP y al propio Estado, dejando de lado el derecho genuino de los trabajadores de asegurar un mejor futuro”, criticó Arismendi Díaz Santana.
Lo que piensan las AFP
Luego de la promulgación de Ley 13-20, que modifica la 87-01 sobre Seguridad Social, la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) afirmó que la rebaja de las comisiones, mayor de la prevista y que las lleva a niveles por debajo del promedio de la región, según la edad de éstos, traerá consigo una reducción de los ingresos de las AFP. La organización confía en que ahora se pueda avanzar en el debate de otros temas que son de mayor relevancia para contar con un sistema de más y mejores pensiones en el país.
“La reducción de ingresos obligará a las AFP a hacer reajustes operativos y de gestión que realizarán en el marco del compromiso asumido con sus afiliados. Las AFP recibirán un menor porcentaje de comisión, que irá decreciendo de manera sostenida. En cambio, administrarán un patrimonio cada vez mayor, con mayores exigencias de gestión y con potencial para ser invertido en un mercado cada vez más sofisticado, siempre con el objetivo de obtener los mejores rendimientos para los ahorros de los afiliados”, dijo Kirsis Jáquez, presidenta ejecutiva de ADAFP.
Expresó, además: “Apelando a la transparencia, no podemos pasar por alto la reducción del porcentaje asignado a las comisiones en el nuevo esquema. Sin embargo, lo asumimos y esperamos que en el debate sobre el sistema queden a un lado para que prestemos atención a otros aspectos que venimos proponiendo desde hace años y que son los que realmente están llamados a garantizar un país con más y mejores pensiones para todos los trabajadores”.
Sin embargo, Jáquez manifestó que la modificación realizada a la ley 87-01 es un paso hacia adelante para un mejor sistema, y debemos seguir avanzando.
“El sistema tiene otros desafíos trascendentales que afrontar”, reconoció.
Jáquez plantea que es primordial que este proceso de mejoras sea bien analizado y sustentado, y que se base en el establecimiento de sinergias público-privadas, para así materializar los esfuerzos con la misma preocupación, seriedad y responsabilidad con la que se ha trabajado la ley promulgada.
“Más allá de lo referente a las comisiones, ADAFP cree que la nueva ley incluye otros aspectos importantes para avanzar hacia un sistema más eficiente en beneficio de todos. Destacó el hecho de que ahora se reintegran a la Seguridad Social más de 150 mil trabajadores que estarán protegidos junto a sus familias. También dijo que el cambio de las comisiones permite que los ahorros de los afiliados se incrementarán sin que suba su cotización, y que la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) disponga del financiamiento para sus operaciones, al tiempo que contará con más autonomía y los mecanismos institucionales necesarios para hacer un debido acompañamiento para el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de parte de los empleadores”, apuntó.
