Tras tres meses con los casos judiciales paralizados a consecuencia de la pandemia, ahora se dispuso que se reprogramen para continuar con su curso y se les den salida.
Dentro de ellos, están los casos que involucran actos de corrupción en instituciones del Estado, los cuales tienen bastante tiempo en los tribunales, inclusos años.
Este miércoles, inició la fase intermedia del Plan de Continuidad de Labores que dispuso el Poder Judicial, con la cual se habilitan todos los servicios y procesos, solo de manera virtual, en todas las materias e instancias, además, se reactivará, a partir del día 6, los plazos procesales suspendidos desde el inicio de la COVID-19.
Es decir, ahora los jueces van a agendar cuando se van reanudar estos procesos, que, en caso de que sean fijados para este mes deberán ser conocidos virtualmente, ya que las audiencias presenciales volverán a ser implementadas a más tardar el 29 de julio.
Uno de los que tienen mucho tiempo en la justicia es el caso Odebrecht, que estaba pautado para iniciar con el juicio de fondo el pasado abril. El “interminable” proceso está dividido en dos. Al empresario Ángel Rondón Conrado Pittaluga, los exfuncionarios Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez y Andrés Bautista, se les debe conocer causa en la jurisdicción ordinaria. Mientras que el senador Tommy Galán se mantiene en la Suprema Corte de Justicia por su condición de legislador.
Otro es el caso Super Tucano, que inició en el 2016 y aún no supera la etapa preliminar. Por los 3.5 millones de dólares que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) admitió haber pagado en sobornos para la compra y venta de ocho aviones, están siendo procesados el exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini Núñez. Además, los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.
También está el proceso por la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, de Santo Domingo Este, que inició en junio de 2018. Todavía no se ha podido iniciar con la audiencia preliminar. Los imputados son el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar Objío; Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico. Además, Rosabel Castillo, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional; las empresas Proyecciones Gowi S.R.L. e INFEPA.
En el grupo de los casos de corrupción se encuentra, además, el de los supuestos actos irregulares en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que presuntamente produjo el asesinato del abogado Yuniol Ramírez. El caso ha dado muchas vueltas y tampoco ha superado la etapa preliminar.
Por los actos de corrupción fueron sometidos Manuel Rivas, exdirector de la OMSA, Faustino Rosario Díaz, exdirector financiero de la OMSA. Mientras que por la muerte de Ramírez, están el prófugo Argenis Contreras, José Mercado, alias El Grande; Víctor Ravelo, alias El Herrero; Jorge Luis Abreu Fabian, alias El Taxista; Heidy Carolina Peña y Lilian Suarez Jáquez.
Otro de los casos mediáticos que aún se mantienen en los tribunales y no se la ha dado salida por la pandemia es el de adolescente embarazada Emely Peguero. Tras conocer, el pasado febrero, dos recursos de casación interpuesto por los condenados Marlin Martínez y su hijo Marlon, y otro del Ministerio Público, los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se reservaron el fallo y no lo han darlo a conocer aún.
También está paralizado el caso del exfuncionario Donni Santana, quien tras ser condenado a 20 años de prisión por cometer incesto en perjuicio de su hijastra, de 14 años, apaleó a la sentencia. La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para abril pasado conocer el recurso, pero no se puedo hacer por la COVID-19.
Por este delito también fue condenado el comunicador Pablo Ross, que igualmente apeló a la sentencia de 10 años de prisión. La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional había fijado dar su decisión al respecto el pasado marzo, justamente un día después de que se inició la cuarentena.
Otro que se agrega a lista de los estancados, es el proceso judicial contra los transportistas Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos Solís ya que a finales de febrero la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló en todas sus partes la sentencia que los descargó de las acusaciones de liderar una red de sicariato que dio muerte a tres choferes y ordenó la celebración total de un nuevo juicio a los fines de que se examinen los hechos y se valoren nuevamente las pruebas de la acusación.
