En 2015, el 45% de la población mundial tenía acceso a Internet. Probablemente, para esa parte de la población el mundo de hoy es casi impensable sin esa herramienta, la cual se ha convertido en indispensable para aprender, trabajar, informarse, comunicarse, divertirse y funcionar en la cotidianidad. Sin embargo, más de la mitad de la población del mundo todavía no usa Internet. Eso limita severamente las oportunidades de esas personas, que en la actualidad depende en mucho del grado de acceso y el uso de Internet, y compromete su bienestar.
En la República Dominicana, la situación es muy similar. La mitad de la población no tiene acceso a Internet, y de la otra mitad que tiene acceso, sólo un cuarto compra los servicios en los hogares. El resto accede por redes de otros (p.e. empresas donde trabajan y comercios).
La barrera de los precios y los impuestos
El hecho de que más de un tercio de la población dominicana acceda a Internet pero no compre servicios y que la mitad simplemente no use esa herramienta indica que el precio de los servicios y los equipos es una barrera de acceso importante. Simplemente, para muchos, comprar los equipos y pagar por los servicios es incosteable.
En principio, los altos precios relativos tendrían dos causas. La primera es que el de las telecomunicaciones, en especial el de servicios de Internet, es un mercado concentrado y dominado por unas pocas empresas, notablemente dos, que tienen una elevadísima participación de mercado. En mercados tan concentrados, los precios y los beneficios de las empresas suelen ser más elevados que en mercados menos concentrados porque las empresas tienen capacidad de imponer precios y de discriminar entre clientes.
La segunda es los altos impuestos que afectan a ese mercado. Además del 18% de ITBIS, un impuesto de vocación general aplicable a todos los bienes y servicios, los servicios de telecomunicaciones están sujetos a un impuesto selectivo de 10%, y a un impuesto de 2% que permite financiar el funcionamiento del INDOTEL y sus proyectos de desarrollo. Todos estos impuestos se aplican sobre el valor de las ventas, y suman 30%. Sin dudas que se trata de una carga elevada que incrementa los precios de venta, y termina excluyendo a quienes no pueden pagar los precios resultantes.
Eliminar el selectivo: las preguntas
Una de las propuestas que han surgido con miras a expandir el acceso a Internet es terminar con la excepcionalidad impositiva que afecta a los servicios de telecomunicaciones, eliminando el impuesto selectivo de 10% sobre los servicios.
Frente a la propuesta, surgen dos preguntas. La primera es si la reducción del precio supondría un importante aumento de la demanda y del acceso a Internet, en especial de aquellas personas que en este momento no pueden comprar el servicio. Si la respuesta es positiva, entonces desde el punto de vista del objetivo de contribuir a universalizar Internet, la propuesta tendría mucho sentido. La segunda es si la reducción del impuesto supondría un sacrificio fiscal importante o si, por el contrario, el aumento de la demanda que resultaría incrementaría las ventas y la recaudación de tal forma que compense las pérdidas por la reducción y eliminación de la tasa impositiva.
Para responder a esas preguntas, la Coalición Dominicana por una Internet Asequible, una agrupación de instituciones públicas y no gubernamentales, y de empresas e individuos que tienen el objetivo de promover el acceso universal a Internet y el uso productivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y el INDOTEL encomendaron un estudio, cuyo objetivo preciso fue medir el impacto que podría tener en la demanda de servicios de Internet una reducción en las cargas impositivas. El estudio fue realizado por el colega y amigo Harold Vásquez, consultor de la Fundación Empírica.
Las respuestas
Uno de los resultados más destacados del estudio es que la elasticidad precio de los servicios de Internet es inelástica. Eso significa que una reducción de un 1% en el precio, por ejemplo como resultado de la reducción de un 1% en los impuestos, se traduce en un aumento en la demanda inferior a un 1%. Esto tiene dos implicaciones. La primera es que aunque la reducción de precios que resultaría de la reducción de impuestos aumentaría la demanda, no lo haría tan intensamente como fuese deseable. La segunda es que la reducción de los ingresos tributarios derivada de la reducción de impuestos sería sólo parcialmente compensada con el aumento de ingresos que resultaría de un mayor volumen de ventas.
Otro hallazgo importante es que los hogares que más reaccionarían a la reducción de precios serían aquellos ubicados en las regiones de mayor desarrollo del país. Por ejemplo, en la región metropolitana, una reducción de 1% en el precio haría que la demanda crezca en 0.58%, mientras que en la región Higuamo aumentaría en sólo 0.27%.
En el caso de la demanda por servicios de telefonía celular, otra forma de acceder a Internet, el estudio encontró que si se reduce el precio, las personas que utilizan servicios pre-pagados con tarjeta aumentarían su demanda en una proporción mucho menor a la de aquellos que compran servicios con factura pre-pagada o con esquema post-pago. Esto podría suponer que quienes más aumentarían sus compras de servicios por una reducción de impuestos serían los más ricos, que son quienes con más frecuencia compran vía factura.
Adicionalmente, se muestra evidencia de que en el caso de los servicios de teléfono fijo e Internet, a mayor nivel de ingreso, más intensa sería la reacción de los hogares comprando más servicios, excepto entre los más ricos, para quienes el precio no les haría cambiar de decisión de forma significativa.
Sin embargo, en el caso de la demanda por televisión por cable y servicios combinados (teléfono fijo, TV por cable e Internet), la demanda es muy elástica. Eso significa que las reducciones de precios se traducirían en aumentos de la demanda proporcionalmente mayores a la reducción de los precios, a razón de entre 1.07 y 1.28 veces la reducción del precio. Eso haría que por ese concepto, las recaudaciones tributarias crezcan.
Por último, no se encontró diferencias significativas entre las demandas de hombres y mujeres, en ninguno de los servicios.
En síntesis, la demanda de servicios de Internet no es muy sensible a la reducción de los impuestos; la demanda por servicios de TV por cable y de servicios combinados (incluyendo Internet) es muy sensible a la reducción de precios; quienes más se aprovecharían de menores precios serían aquellos que viven en las zonas más ricas del país; y en el caso de celulares, teléfono y servicios de Internet, mientras más rico se es, más se aprovecharía la reducción de precios, excepto en el caso de los más ricos.
Todo eso significa dos cosas. Primero, que lo que tendría sentido es reducir o eliminar el impuesto selectivo al consumo para todos los servicios de telecomunicaciones porque focalizando la eliminación sólo en Internet, no se tendría la reacción deseada en la demanda. Además, hay que facilitar el acceso a Internet por múltiples vías (servicio en el hogar, a través de telefonía celular, y a través de paquetes combinados). Segundo, que quienes más aprovecharían la reducción de precios son quienes no son pobres.
El costo fiscal
Pero, ¿cuánto le podría costar al Estado la eliminación del selectivo a las telecomunicaciones?
Considerando todos los factores antes mencionados, el estudio dice que cerca de 1,500 millones de pesos, aproximadamente un 8% del total de ingresos por impuestos a las telecomunicaciones. Aunque la demanda específica de servicios de Internet no aumentaría mucho, la del resto de los servicios, en particular TV por cable y servicios combinados sí lo haría, reduciendo el costo total.
Esta estimación, sin embargo, podría sobre-estimar ese costo porque no considera el incremento en la demanda que resultaría del mayor ingreso real disponible en los hogares como resultado de la reducción de los precios, ni el efecto que puede tener el mayor acceso a Internet en la productividad general de la economía, lo que generaría contribuciones tributarias adicionales.
Más allá de los impuestos
De estos resultados, deben quedar claras dos cosas. Primero, que reducir los impuestos a todos los servicios de telecomunicaciones debe ser una de las piezas de una estrategia para expandir el acceso a Internet. Segundo, que en la medida en que los más pobres no necesariamente serían quienes sacarían más provecho de la reducción de precios, la reducción de impuestos necesita ser complementada con acciones focalizadas que faciliten el acceso en comunidades pobres, incluyendo la educación para el uso y apropiación de Internet, y la expansión de la disponibilidad de banda ancha en territorios no cubiertos.
Los beneficios económicos y sociales de gastar para expandir el acceso a Internet más que justifican los costos.
