Lima .- La despedida este jueves de los restos del expresidente peruano Alan García, quien se suicidó el miércoles cuando iba a ser detenido acusado de actos de corrupción, evidenció la enorme fractura que existe en la vida política peruana entre el Gobierno y los partidos políticos más tradicionales.
La trágica muerte de García, quien gobernó Perú en dos períodos (1985-1990 y 2006-2011), atrajo inmediatamente multitud de mensajes de pésame, conciliación y respeto hacia su figura, pero al mismo tiempo no pudo dejar de lado – con gestos, desprecios y negativas- el encono que existe entre dos bloques de peruanos.
La línea de falla la constituye la corrupción o, mejor dicho, el tratamiento que se está dando a la lucha contra la corrupción.
Esa fractura tiene como líderes simbólicos por un lado al Ministerio Público y fiscales como José Domingo Pérez, encargado de perseguir los delitos de corrupción cometidos por la empresa Odebrecht y quien ha sido defendido expresa y públicamente por el presidente Martín Vizcarra, quien abrazó la lucha anticorrupción como política de Estado.
Del otro lado se ubicaron los que tenían a García como principal abanderado y que veían los avances de la Fiscalía contra las principales figuras políticas del país, todas salpicadas de un modo u otro por el escándalo de Odebrecht, como un acto de persecución, fruto de una “obsesión” y un “odio” encarnizado hacia ellos.
De una forma un tanto difusa, en este grupo entran lo que en Perú denominan de forma despectiva los “caviares” – izquierda liberal no marxista – alejada de la derecha populista de Fuerza Popular -fujimorista- y del Partido Aprista Peruano (PAP) de García, ambos partidos estrechos aliados en el Congreso peruano, que dominan.
Esta visión apunta que la Fiscalía, respaldada cuando no impulsada por Vizcarra, ha sido tomada por los “caviares” dispuestos a destruirlos, acusando sin pruebas, sin corroboraciones, y con pactos con Odebrecht para proteger unos intereses y atacar a otros.
Así se explican los virulentos gritos que se escucharon constantemente en el velorio de García que denunciaban a Vizcarra como asesino, el rechazo de la familia y el PAP a la propuesta del Gobierno de rendir honores de Estado al difunto líder o la negativa a recibir ofrendas florales de organismos públicos o partidos considerados próximos a Vizcarra.
También así se explica también el clamoroso silencio de Vizcarra y su gobierno ante el suicidio del expresidente, que, salvo un brevísimo mensaje de condolencias, no se ha pronunciado públicamente sobre el mismo.
Sólo la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien fue ministra durante el segundo gobierno de García, se acercó discretamente al velorio durante la noche del miércoles.
Un ejemplo paradigmático de la visión que responsabiliza al Ejecutivo de la tragedia es el del exarzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, tradicional azote de los “caviares” peruanos y muy próximo a Fuerza Popular.
Cipriani asistió al velorio y ofreció un responso ante el féretro del suicida, antes de reclamar públicamente que “basta de tanta persecución malvada” por parte de los poderes públicos.
Antes, en un comunicado, el religioso indicó que la política “no justifica nunca el odiar y destruir al contendor, buscando popularidad” ni la justicia debe apoyarse “en usar y abusar de información no corroborada”.
En una situación compleja quedaron los líderes políticos de otros partidos políticos “neutrales”.
Muchos acudieron a rendir homenaje al expresidente , como la ex primera ministra Beatriz Merino, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, o representantes del Partido Popular Cristiano como Lourdes Flores.
Equidistantes en este conflicto, presentaron sus respetos y acompañaron a los deudos y simpatizantes, pero no entraron a valorar ni a buscar responsabilidades sobre la muerte de García.
Ollanta Humala, expresidente ideológicamente opuesto al Apra y a Fuerza Popular, pero quien también es investigado duramente por la fiscalía por supuestos actos de corrupción, anunció que acudiría al velorio, pero de momento aún no se le ha visto. EFE
