El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó el criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público en favor del exdirector técnico de la liquidada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Víctor Matías Encarnación Montero.
En el acuerdo suscrito, el exfuncionario admitió su participación en los hechos por los que fue investigado en el caso de corrupción denominado Calamar.
De acuerdo con el Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), el acusado “ha resarcido el daño causado al Estado dominicano mediante la devolución de los fondos sustraídos” en su participación en la supuesta red que desfalcó al erario.
El exfuncionario admitió su participación en los hechos por los que fue investigado, sobre coalición de funcionarios, con el fin de estafar al Estado dominicano, a través de pagos a ingenieros autorizados por el entonces ministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero.
Así como, la falsificación de datos sobre volumetría, con el fin de preparar cubicaciones con fechas alteradas en los presupuestos, para justificar el pago de las mismas.
Por otro lado, el conocimiento de la homologación del criterio de oportunidad en favor de Ramón Emilio Jiménez “Mimilo”, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña, Bolívar Ventura, Natalia Beltré y Belkis Tejeda y el Grupo DIBEFE S.R.L., fue separado del proceso y aplazado para el 22 de agosto, tras los querellantes presentar nuevas oposiciones.
Familias que supuestamente fueron estafadas por la red Calamar alegaron que no han sido notificadas sobre estos criterios de oportunidad y que el Ministerio Público los deja fuera como víctimas sin una indemnización. Aseguran que el órgano acusador entiende que la víctima es solo el Estado.
Las acusaciones que les hacen a los imputados
Entre los acusados en el alegado entramado de corrupción, está el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero; el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y el ministro Obras Públicas, Gonzalo Castillo. A los imputados se le acusa de estafar al Estado con más de RD$21,000 millones, a través de pagos irregulares por expropiaciones del Estado.
