El Tribunal Constitucional (TC) dejó ayer en estado de fallo siete expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante una audiencia pública realizada en el Auditórium Horacio Álvarez Saviñón de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).
Durante la audiencia, encabezada por el magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto del presidente, quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2022-0001, en el que el accionante Cándido Tejada atacó el artículo 30 de la Resolución número 009/2020, del 4 de agosto de 2020, que crea el Protocolo de Actuación para Entrevistas Forenses a Víctimas y Testigos en Condición de Vulnerabilidad.
También fue declarado en estado de fallo el expediente TC-01-2022-0002 en el que el Colegio de Abogados atacó la Ley 345-21, de Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Presupuestario del año 2022, del 15 de diciembre de 2021.
Asimismo, quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2022-0003, en el que los accionantes Miguel Medina, Ángel Kenedy, Zacarías Metz y Jaime Terrero Matos atacaron los artículos 153.13 y 153.27 de la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, del 15 de junio de 2016.
De igual manera fue conocido el expediente TC-01-2022-0004, incoado por la Junta de Vecinos El Despertar, Inc. contra los artículos 178, 179, 180 y 181 de la Ley número 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
Además, quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2022-0005, en el que los accionantes Manuel de Jesús Almonte Polanco y Newton Francisco Brito Núñez atacaron el artículo 107 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal y de los Procedimientos Constitucionales.
El Pleno también conoció el expediente TC-01-2022-0006, incoado contra el acápite 2, artículo primero, título I, de la Resolución de la Sesión Ordinaria núm. 350-02, emitida por el Consejo Nacional de Seguridad Social.
