El expediente del Ministerio Público, donde solicita la medida de coerción a los implicados en Operación Camaleón, relata que el imputado José Ángel Gómez Canaán (Jochi) ha sido beneficiado de distintos contratos y concesiones de parte del Estado dominicano, a través de empresas relacionadas de forma directa e indirecta a este.
Entre estos contratos se encuentran los otorgados en 2017 y 2020 por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para la instalación y operación de un sistema integral de emisión de licencias de conducir, adjudicado a la empresa Dekolor, S.R.L., la cual gestiona los datos de los ciudadanos.
De acuerdo con el documento, el 23 de junio de 2020 se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, S.A.S., donde Gómez Canaán, actuando como director, recibió beneficios sin que el acuerdo estuviera debidamente registrado en los archivos del ministerio o la Contraloría General de la República.
Además, Gómez Canaán adquirió el dominio TRANSCORE.COM.DO en mayo de 2022, usurpando la identidad de un ciudadano alemán y creando correos electrónicos con los que solicitó registrar la empresa Transcore Latam, S.R.L. en el país.
Sin embargo, se confirmó que el alemán Jórg Brinkmeyer no tiene relación con la empresa creada por Gómez y que tampoco existe vínculo alguno con TransCore LP, LLC, una entidad estadounidense que representaría su cobertura legal.
La investigación también expone que el 30 de junio de 2022, el imputado Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Semáforos del INTRANT y socio de Gómez, renunció para trabajar directamente con él, lo que pone de relieve la colaboración entre ambos para llevar a cabo las actividades ilícitas.
Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez, quien asumió el cargo del director del Intrant el 15 de agosto de 2022, junto a otros funcionarios, habría manipulado un proyecto de modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, aumentando el presupuesto inicial de DOP$ 104,000,000.00 a DOP$ 1,200,000,000.00 sin justificación técnica, lo que representa un incremento del 1,053%.
El Ministerio Público sostiene que la creación de Transcore Latam, S.R.L. y la manipulación del pliego de condiciones para favorecer a esta empresa fueron parte de un plan elaborado en las instalaciones de Aurix, con el objetivo de asegurar la adjudicación del contrato de modernización del sistema de tráfico a su favor.
La solicitud de medida de coerción incluye múltiples imputaciones por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos, y otros delitos graves, dejando al descubierto un entramado que pone en entredicho la integridad de las instituciones públicas en el país.
