La jueza Yanibet Rivas decidió variar la medida de prisión preventiva a arresto domiciliario a cuatro de los acusados de corrupción en el caso Coral, lo que ocasionó inconformidad en la defensa de los imputados, porque está condicionada a los pagos de garantías económicas.
La magistrada del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso arresto domiciliario al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial; al coronel Rafael Núñez de Aza, Rossy Guzmán (la pastora) y su hijo Tanner Flete.
Para salir de la cárcel los dos militares deberían pagar 100 millones de pesos, equivalente a 10 millones, mientras que la pastora y Tanner, 50 millones, equivalente a cinco millones.
Las cifras menores corresponden al 10% del monto establecido en la decisión judicial, en caso de que esta modalidad de pago sea a través de una compañía aseguradora.
Sin embargo, los abogados de la defensa dicen que es imposible que sus clientes puedan pagar esos montos por concepto de la garantía económica.
Explicaron que el patrimonio de divisa que poseen los imputados fue congelado por el órgano persecutor.
Aunque estos imputados habían solicitado la variación de la medida, ahora se encuentran con la dificultad del pago, más el costo que implica llevar grilletes electrónicos.
Esperaron tres meses para estudiar expediente
Una de las motivaciones por las que el tribunal varió la medida a los imputados, es que en la audiencia 15 de junio 2022 el tribunal ordenó el acceso de equipos electrónicos para que los imputados estudiaran el expediente en su contra.
Sin embargo, el acceso a la prueba digital duró tres meses (septiembre), y generó una dilación para la instrucción de la audiencia preliminar.
