Santiago. La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Atención Permanente, impuso un 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el conductor del vehículo en el que murieron 13 haitianos indocumentados.
La medida fue impuesta contra Víctor Valentín Álvarez Tapia, uno de los 10 integrantes de una estructura criminal sometida a la justicia por traficar con inmigrantes de la vecina nación. La medida será revisada cada tres meses y el Ministerio Público tiene ocho meses para presentar la acusación.
El dispositivo establece que debe cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao, en la provincia de Valverde.
La jueza además acogió la petición del Ministerio Público de declarar el caso como complejo.
En la tragedia ocurrida el año pasado, también fallecieron dos menores de edad, luego de que el vehículo conducido por Álvarez Tapia se volcara y cayera en las aguas del canal de riego Cañeo, en el municipio de Esperanza, provincia Valverde.
Álvarez Tapia es un importante miembro de una estructura de criminalidad organizada transnacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes, especialmente haitianos indocumentados. La Fiscalía, junto a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, desarticuló esta organización a finales de abril de este año, tras identificar, arrestar y lograr medidas de coerción contra la mayoría de sus integrantes.
Mediante rastreo de llamadas y otras labores de investigación, el Ministerio Público pudo constatar la participación de Álvarez Tapia en el accidente, ocurrido el 6 de agosto de 2023, donde murieron al menos 13 indocumentados haitianos: nueve hombres, dos mujeres y dos niños (una de 3 meses y otro de 4 años). El imputado perdió el control de la yipeta Toyota Runner color blanco, que cayó a las aguas del canal Cañeo, en Peñuela, municipio de Esperanza, provincia Valverde.
La solicitud de medidas de coerción, depositada por la Fiscalía de Santiago ante el Juzgado de Atención Permanente, establece que esta organización cruza de manera irregular y por vía terrestre a cientos de personas haitianas por la frontera domínico-haitiana en Dajabón, y luego las traslada a la provincia Valverde.
Desde allí, conducen a los grupos de indocumentados hasta Navarrete, donde Álvarez Tapia, hijo de la también imputada Ramona Salvadora Tapia Flores, se encarga de alojar a los inmigrantes en casas, cuarterías, terrenos baldíos y otros lugares. Posteriormente, bajo su coordinación, determinan el traslado de estas personas a Santiago y otras ciudades del país, exigiéndoles sumas de dinero que oscilan entre 8,000 y 17,000 pesos dominicanos.
Los integrantes de esta estructura lograron acumular bienes materiales como consecuencia de las ganancias de esta actividad ilícita, incluyendo vehículos, viviendas, terrenos y otras propiedades.
Álvarez Tapia se enfrenta a cargos provisionales por violación de los artículos 2 y 7 (literales C, D y E) de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como del artículo 2 (numeral 11) y 3 (letras A, B y C) de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, en perjuicio del Estado dominicano.
