El Poder Judicial y el Gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dieron a conocer este martes el Reglamento General sobre Mecanismos no Adversariales de Resolución de Conflictos en la República Dominicana y la guía para derivación de casos judiciales.
El reglamento tiene como objetivo establecer las normas mínimas para la implementación y utilización de la mediación, la conciliación y otros mecanismos de resolución de conflictos por jueces, juezas, usuarios/usuarias y profesionales intervinientes en los distintos tribunales que conforman el ámbito judicial en la República Dominicana.
Durante la presentación del reglamento, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Henry Molina, sostuvo que fomentar formas alternas de resolución de conflictos sin llegar al litigio constituye un paso decisivo en la búsqueda de una justicia eficiente, inclusiva y confiable que hará que el país avance hacia un modelo de 0% mora judicial y 100% acceso a la justicia.
Molina señaló que el Reglamento de Resolución Alternativa de Conflictos forma parte de la transformación de la justicia, ya que se contará con una herramienta que facilite los acuerdos e impulse el cambio de modelo que necesita la nación, al entender que el sistema actual consume demasiado tiempo y dinero a las partes y que, en algunos casos, se convierte en una auténtica barrera para el acceso a los derechos.
“Como hemos señalado en otras ocasiones, los tribunales deberían ser el último recurso en un Estado de Derecho. De hecho, en muchos países solo el 20% de los conflictos llegan a la etapa de juicio, o incluso 10% en el caso de Estados Unidos. En la República Dominicana hasta ahora ha venido siendo lo contrario: de cada 100 casos, 87 llegan a juicio. Esto satura drásticamente el sistema de justicia penal, limitando la capacidad de todos los actores y, con ella, el acceso universal al que aspiramos”, manifestó.
Informó que el reglamento se aplicará en las materias civil, comercial y administrativa, contencioso tributario y contencioso administrativo, laboral, penal e inmobiliaria, lo que facilitará que muchos casos que no estén aún en un tribunal puedan resolverse directamente en los centros de mediación, de forma sencilla y expedita, cuando ambas partes así lo decidan.
De su lado, Rebeca Latorraca, directora de la USAID, manifestó que el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la USAID y otras agencias, ha colaborado estrechamente con el Gobierno dominicano y con la sociedad civil durante casi tres décadas para fortalecer el estado de derecho, y asegurar que instituciones claves del sector justicia, tales como la SCJ, el Ministerio Público y la Defensa Pública, sean independientes, efectivas y transparentes.
Indicó que el enfoque de una justicia centrada en las personas es precisamente lo que representa esta nueva regulación. Además resaltó el esfuerzo de tres años del pleno de la SCJ que fue determinante para la creación de la nueva regulación
“La justicia centrada en las personas para la resolución de conflictos de manera amigable generan importantes beneficios para las personas y para el Poder Judicial. Felicitamos al Poder Judicial por facilitar la capacitación a los mediadores, los servidores judiciales y los jueces sobre esta importante resolución”, dijo en su discurso la directora de USAID.
Mientras, que el juez de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Samuel Arias Arzeno, valoró el avance en el Poder Judicial con la puesta en funcionamiento de la Guía de Derivación de Casos y el reglamento que lleva a la conciliación en los casos, y sostuvo que los jueces son los orientadores para que los usuarios comprendan el camino dirigido a solucionar sus diferencias mediante procesos conciliadores.
De su lado, el asesor argentino Gustavo Fariña, quien tuvo a su cargo una exposición sobre los métodos alternos de resolución de conflictos y su impacto en los sistemas judiciales, explicó aspectos generales del mismo y la importancia de la mediación y la conciliación más allá de la rapidez con que se resuelven los conflictos, sino como una Política de Estado Judicial para favorecer el acceso a justicia.
La mediación y la conciliación son procedimientos amigables que favorece la cultura de paz, convivencia y diálogo al quedar resueltas las controversias sin llegar al litigio. Facilitan también el acceso a la justicia, reestablece las relaciones entre las personas y la comunidad, bajo el entendido de que las partes solucionan sus diferencias de forma pacífica, rápida y sin agotar lagos procesos.
