La audiencia preliminar del caso Coral ha encontrado varios tropiezos en el camino para poder iniciar.
Cuando ayer se tenía previsto arrancar con la misma, tuvo que ser aplazada porque uno de los principales imputados cambió de defensa.
Desde julio pasado, la jueza Yanibet Rivas ha intentado iniciar con la vista, pero la solicitud del Ministerio Público de que se fusionaran los procesos derivados de las operaciones Coral y Coral 5G, tomó más tiempo del previsto.
Y al final, la magistrada precisó que no procedía la petición debido a que fue apoderada de un solo caso, donde se acusan a todos los imputados de ambas operaciones. Son 30 personas y 18 empresas las acusadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Superada esta parte, ayer estaba en agenda iniciar con la preliminar, donde la jueza determinará si el caso pasa a juicio o no. Sin embargo, se informó en audiencia que el general Juan Carlos Torres Robiou, uno de los principales imputados, tiene nuevos abogados, que deben ser notificados del expediente para poder ejercer el derecho de defensa correctamente.
Un cambio que generó un nuevo retraso para el caso, que ahora fue fijado para el viernes 9 de diciembre.
“Lo que ha dicho el imputado es que había contratado los servicios de esa oficina de abogados hasta la etapa preliminar que es esta. Por vía de consecuencia ellos ahora económicamente van a tener que ver a qué otro tipo de togado. Van a buscar para comenzar a entablar la defensa técnica”, explicó a la prensa el abogado Waldo Paulino, quien representa a otro imputado del caso.
Pero dos días antes de la nueva fecha para la vista, la jueza Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conocerá una solicitud presentada por los imputados apresados durante la operación Coral que tienen 18 meses cumpliendo prisión preventiva.
Otra audiencia de la preliminar del caso Coral
El martes 6, el general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán, el cabo Tanner Flete Guzmán y el coronel policial Rafael Núñez de Aza, serán presentados ante el tribunal en busca de que ordene el cese de esta medida de coerción.
Al respecto, el abogado de la pastora Rossy Guzmán y el cabo Tanner Flete Guzmán dijo que deberían ser dejados en libertad puesto que la ley ordena que la prisión preventiva no puede exceder el año y medio.
“Es un mandato de la ley, hay un cese de la prisión preventiva donde la magistrada tiene, simple y sencillamente, que verificar que se cumplen las condiciones. Es decir, que el plazo a partir de la medida de coerción hasta el día de hoy han transcurrido los 18 meses y ordenar su libertad. La juez no puede tomar una decisión que no sea esa”, manifestó el jurista Héctor López Rodríguez.
Precisó que la magistrada Rivas podría imponer otra medida de coerción a los imputados, quienes están recluidos en Najayo desde mayo del año pasado.
Aunque hay otros acusados que también están en prisión preventiva, esto no aplica para ellos debido a que fueron imputados en el caso meses después. Hay otros que cumplen otras medidas de coerción.
