El Poder Judicial dominicano fue reconocido con el Sello Buenas Prácticas Inclusivas RD Incluye 2022 en la categoría Plata, por la adecuación de las infraestructuras de tres palacios de justicia destinados a garantizar el acceso seguro de las personas con discapacidad.
El galardón, entregado por el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reconoce la labor del Poder Judicial en la adecuación de los palacios de justicia de La Vega, Puerto Plata y San Francisco de Macorís.
La iniciativa tiene como objetivo seguir fomentando la aplicación del marco normativo nacional e internacional en materia de derechos de las personas con discapacidad.
El reconocimiento fue recibido por Rosa Iris Linares, directora de Justicia Inclusiva del Poder Judicial.
El Poder Judicial trabaja por una justicia inclusiva, como uno de sus tres ejes de Justicia al día para Garantizar la Dignidad de las Personas, y en el marco de esta estrategia inició un proyecto de adecuación y remodelación de las edificaciones para un mejor acceso de las personas con algún tipo de discapacidad.
Se recuerda que el Poder Judicial fue galardonado en el 2021 las prácticas a favor de la inclusión de las personas con discapacidad en los Centros de Entrevistas Forenses para Víctimas y Testigos en condición de Vulnerabilidad y asistencia a personas con Discapacidad, en la categoría plata; la Impresión en fácil lectura de la Política de Igualdad para Personas con Discapacidad del Poder Judicial, en categoría oro; y por el Censo Sociodemográfico del personal del Poder Judicial que incluye indicadores de discapacidad, en categoría oro.
El Sello RD Incluye considera buenas prácticas inclusivas aquellas iniciativas que están en coherencia con algunos de los acápites establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que inciden en la inclusión plena de este segmento de la población.
La accesibilidad universal implica cumplir con espacio, objeto, instrumento, servicio, sistema o medio, para que sea utilizable por todas las personas en forma segura, equitativa y de la manera más autónoma y confortable posible, eliminando las barreras que limita el acceso, como son la urbanística, en la edificación, en el transporte y en la comunicación.
Este reconocimiento se otorga a empresas y entidades públicas y privadas (Gobierno central o local, administradores de justicia, Poder Legislativo, organismos internacionales, y sin fines de lucro) a las cuales se le reconoce las acciones ejercidas a favor de la inclusión plena de personas con discapacidad y a la promoción de sus derechos.