Este sábado el Poder judicial conmemora su día en un ambiente marcado por recientes confrontaciones con el Ministerio Público, así como de cuestionamientos por el manejo de algunos de sus miembros.
A las 9:00 de la mañana en audiencia solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, presidente de ese organismo y del Consejo del Poder Judicial, pronunciará un discurso sobre los avances y logros de la gestión, así como los retos de la justicia, según informó la institución.
A las 11:00 de la mañana tendrá lugar una celebración de acción de gracias, llamada Misa Roja, en la Catedral Primada de América, y los actos protocolares concluirán a las 12:30 p.m. con una ofrenda floral en el Altar de la Patria.
Consideraciones de Finjus
Para el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, el fortalecimiento de sus áreas de investigación, mejorar la eficiencia en sus servicios y ejecuciones, como también aumentar los tribunales y lograr que se cumpla con la ley para su autonomía financiera, son algunos de los retos que actualmente tiene el sistema judicial dominicano.
Castaños Guzmán dijo que durante el año recientemente concluido, se observan importantes avances, entre ellos la promulgación de la Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial y su reglamento de aplicación, con la que se abren nuevos mecanismos de acceso a la justicia; y los esfuerzos para reducir la mora judicial en diferentes jurisdicciones.
Pero indicó que aún tiene retos pendientes de superar para este 2023, entre los que citó como urgentes figuran la Ciudad Judicial en el municipio de Santo Domingo Este, aumentar las cámaras especializadas, ampliar el número de sus jueces y adecuar los espacios físicos de acuerdo con necesidades de eficiencia.
También, incentivar el uso de vías alternas de resolución, para que en corto plazo la mayoría de los casos se resuelvan con penas sin llegar a juicio e implementar de manera planificada y sistemática la nueva Ley de Uso de Medios Digitales en todo el país.
Sistema penitenciario
Castaños Guzmán considera necesario que el Poder Judicial se articule con la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones para establecer un censo penitenciario verificable y que sea adecuado a los cambios en el funcionamiento ordinario del sistema de justicia penal.
“Lo que implicaría el establecimiento de un sistema de identificación biométrico, que permita poner al día la totalidad de las órdenes de libertad en todos los tribunales de ejecución de la pena y de la sanción adolescente y garantice la reducción de la cantidad excesiva de presos preventivos”, explicó.
A su entender, sigue siendo una tarea pendiente la transformación del sistema penitenciario que, aseguró, se ha convertido en una grave anomalía del régimen democrático del país.
Explicó que pese al empeño que la Procuraduría, vía la Dirección General de Prisiones y la Escuela Nacional Penitenciaria, todavía se está muy alejado de los mandatos de las leyes y la Constitución.
El vicepresidente de Finjus abordó, además, los desafíos en términos relativos y dijo que hay que realizar consultas en la comunidad jurídica y la sociedad en general sobre la importancia de la actualización y adecuación de la Ley de Casación, que, manifestó, “lamentablemente representa un factor de inercia para el sistema jurisdiccional por su obsolescencia”.
Los retos que enfrenta el Ministerio Público
En cuanto al Ministerio Público, Castaños Guzmán indicó que en 2022 su rasgo más destacado ha sido su “dedicación para llevar adelante” una serie de procesos judiciales vinculados con expedientes sobre casos de corrupción, con gran notoriedad e impacto social.
Al hablar sobre los retos de este órgano investigador, Castaños Guzmán precisó que uno de ellos es brindar especial atención al perfeccionamiento o creación de sus capacidades de persecución estratégica, mediante mecanismos innovadores que permitan un abordaje más sistemático y eficiente de los casos.
También, seguir fortaleciendo la capacidad de dirección de la investigación penal en una relación más cooperativa con la Policía Nacional y otras agencias de investigación para incrementar las posibilidades del logro de condenas en los casos llevados a la justicia.
Asimismo, considera que se debe alcanzar mejores índices en la persecución del crimen organizado trasnacional, sobre todo en los casos de trata y tráfico de personas, delitos financieros y corrupción.
Tanto del Poder Judicial como el Ministerio Público, dijo que es oportuno recordar al Gobierno que sin los recursos adecuados, no podrán contribuir a reducir o prevenir la criminalidad.
