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La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó órdenes de arresto y medidas de coerción en contra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant) José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochy Gómez) y otros cuatro implicados en la investigación sobre el contrato entre el Intrant y la empresa Transcore Latam.
Asi lo dio detalla la orden de arresto solicitada por Wilson Camacho, el titular de la Pepca, a la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La solicitud en contra de Hugo Veras y Jochi Gómez fue depositada el pasado 29 de septiembre a las nueve de la mañana
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Lo que debe saber del escándalo Transcore Latam
- Procuraduría solicita arrestos por contrato millonario entre Intrant y Transcore.
- Hugo Beras, Jochy Gómez y cuatro más implicados en el caso.
- Cargos incluyen corrupción, desfalco, lavado de activos y terrorismo.
- Ministerio Público ha realizado 15 allanamientos en el Gran Santo Domingo.
- Los acusados deberán presentarse ante el juez en 48 horas para decidir su situación legal.
Arrestos, allanamientos y presuntos delitos imputados
Los otros implicados son Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y Representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico y Carlos José Peguero Vargas, encargado de los asuntos técnicos e informáticos de la empresa de Jochy Gómez. Hasta la fecha, se han realizado al menos 15 allanamientos en la región.
A los implicados se dispone investigarlos por varios delitos. Entre ellos, corrupción administrativa, coalición de funcionarios, desfalco y estafa en perjuicio del Estado Dominicano. Según la solicitud presentada por Camacho, las acciones de los acusados violan el artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana. Asimismo, varios artículos del Código Penal que sancionan el uso de documentos falsos, la asociación de malhechores y la estafa.
Además de los cargos relacionados con corrupción y desfalco, los acusados también enfrentan acusaciones bajo la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Esta incluye sabotaje y robo de identidad. Asimismo, bajo la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Estos delitos agravan las acusaciones. Sobre todo porque involucran actividades que van más allá de la corrupción administrativa y afectan la seguridad nacional.
Plazo para presentación ante el juez de instrucción
La solicitud de la Pepca indica que, una vez detenidos, los acusados deberán presentarse ante el juez de instrucción dentro de un plazo de 48 horas. Será entonces cuando se decida si deben permanecer en prisión o si pueden ser liberados bajo medidas cautelares.
La jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez será la encargada de determinar si las pruebas presentadas por el Ministerio Público justifican la privación de libertad.
Caso Transcore Latam, en pleno desarrollo
A medida que el caso avanza, el Ministerio Público sigue recabando pruebas para fortalecer la acusación. Según fuentes cercanas a la investigación, se espera que nuevas pruebas salgan a la luz en los próximos días, lo que podría implicar a más funcionarios y empresarios en esta red de corrupción. Los allanamientos realizados en varias zonas del Gran Santo Domingo han sido claves para avanzar en la investigación.
El director de la Pepca, Wilson Camacho, ha destacado la importancia de estos procesos judiciales para fortalecer la transparencia en el uso de recursos públicos. «Este tipo de acciones envía un mensaje claro a aquellos que buscan aprovecharse del erario: la impunidad no será tolerada», comentó Camacho en una reciente declaración a la prensa.
