Santo Domingo.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó este miércoles retirarle el grillete electrónico al imputado en el caso de corrupción administrativa Antipulpo, Fernando Aquilino Rosa Rosa, y ratificó la medida de coerción de prisión domiciliaria impuesta contra este y Carmen Magalys Medina Sánchez.
De acuerdo con la procuradora de corte Mirna Ortiz, “la medida fue ratificada porque el tribunal ha entendido que los presupuestos que dieron origen a la imposición del arresto domiciliario, que es la medida que pesa sobre ambos, no han variado y, conforme a lo solicitado por el Ministerio Público, mantuvo el arresto domiciliario”.
Añadió “que en el caso del señor Fernando, le fue sustituido el localizador electrónico por haber presentado inconvenientes económicos para el sostenimiento del mismo”.
La representante del Ministerio Público produjo sus declaraciones al ser entrevistada por periodistas de la fuente judicial luego de la ratificación de la medida de coerción a ambos acusados.
La procuradora de corte dijo que en la mañana intentaron conocer sobre el juicio de este proceso, sin embargo, dijo que razones relativas a las defensas de la imputada Libni, motivaron la suspensión de la audiencia, que quedó fijada para el día 11 del mes de septiembre.
Ortiz dijo “para el día 11 estamos listos y prestos para iniciar el conocimiento de este proceso con toda la confianza de que vamos a obtener las condenas ejemplares que estamos solicitando”.
Las barras de las defensas de Medina Sánchez y Rosa Rosa solicitaron este miércoles a la jueza Claribel Nivar el cese del arresto domiciliario que pesa en contra de los dos acusados, lo cual le fue rechazado.
Durante la audiencia, la magistrada titular del tribunal acogió la solicitud de que le sea retirado el localizador electrónico a Fernando Rosa Rosa.
La presidenta de la sala dijo que los presupuestos presentados por las defensas no son relevantes en el momento procesal de este caso.
Carmen Magalys Medina y Fernando Rosa Rosa forman parte, según el órgano acusador, de un entramado de corrupción que desfalcó al Estado, malversó fondos e incurrió en lavado de activos.
Además de Mirna Ortiz, el órgano persecutor estuvo representado en esta audiencia por los fiscales litigantes Elizabeth Paredes, Yoneiby González y Héctor García.
Inicio de juicio fue aplazado por tercera ocasión
Más temprano en la mañana, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó por tercera ocasión el inicio del juicio en contra Juan Alexis Medina Sánchez y compartes. La audiencia para el inicio del juicio fue fijada para el próximo 11 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana.
El tribunal, integrado por las juezas Claribel Nivar (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, aplazó el inicio del juicio luego de acoger el pedimento de una de las barras de las defensas, que alegó no conocer las imputaciones que el órgano acusador hace a su defendida.
En otra decisión, el pleno del tribunal acogió el pedimento de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, y rechazó la solicitud de reposición que hiciera el abogado defensor del acusado José Dolores Santana.
En esta audiencia también representaron al Ministerio Público los fiscales litigantes Yoneiby González, José Miguel Marmolejos y Héctor García.
Además de Juan Alexis Medina Sánchez y sus empresas, el proceso se sigue en contra de su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez, Fernando Aquilino Rosa Rosa, Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Valenzuela, Francisco Brea y Víctor Encarnación Montero.
También, contra Lina Ercilia Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca y Paola Molina y su empresa, así como de la empresa RyT, José Dolores Santana, Wacal Vernabel Méndez, Rafael Antonino Germosén Andújar, José Miguel Genao – Editorama y de Lorenzo -Freddy- Hidalgo, entre otros.
Del principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (períodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
