La organización criminal denominada Calamar, que supuestamente operaba en el Estado, contaba con un esquema de traslado de dinero que era llevado, primero a un centro de acopio y, luego, distribuidos en dos oficinas.
El expediente acusatorio del Ministerio Público señala que la estructura delictiva o “holding criminal”, ejecutó unas series de maniobras, mediante las cuales sustrajeron del Estado dominicano 21 mil millones de pesos en recursos pagados en violación a la ley.
De acuerdo con el expediente de 3,662 páginas, la estructura era liderada por el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, junto al extitular del Ministerio Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), junto a otros integrantes.
Además, se le acusa de hacer uso del mecanismo de pago de expedientes de expropiaciones de terrenos por parte del Estado para de ahí sacar miles de millones de pesos que, según confesiones de implicados, iban a parar a los bolsillos de ellos y una parte a financiar la campaña.
Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la estructura de corrupción utilizó al Banco de Reservas como una especie de caja chica, desde donde se sacaba efectivo que luego era llevado a un centro de acopio.
“Este procedimiento comenzaba con el retiro del dinero del Banco Banreservas, realizado por los choferes del empresario Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo)”, dice el expediente.
Mimilo Jiménez Collie no está imputado en este proceso judicial, luego de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público y ser uno de los principales delatores del caso Calamar.
El documento de la Pepca, indica que el dinero era llevado a la oficina de “Mimilo”, localizada en la Torre In Tempo, en el Distrito Nacional.
Dice que para el traslado del efectivo, se utilizaban camiones de valores del Banreservas, por disposición del contralor, Andrés Guerrero y Víctor Antonio Collado, director general de Operaciones.
“La distribución del dinero desde la oficina de ‘Mimilo’, que fungía como centro de distribución para la estructura de corrupción, se efectuaba hacia dos principales destinos: la Oficina de la Casita y a la oficina de Gonzalo Castillo”.
Las autoridades aseguran que la primera, fungía como centro de reuniones para José Ramón Peralta Fernández y Donald Guerrero, donde se definían estrategias de naturaleza criminal y políticas.
Por igual, dice el expediente que solían trasladar dinero a la oficina del procesado Fernando Crisóstomo Herrera, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricart, en la capital.
34 imputados y 12 empresas implicadas
El Ministerio Público presentó el documento acusatorio contra los imputados en la Operación Calamar, donde señala a 34 personas y 12 empresas involucradas. El alegado entramado afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a la entonces Oisoe, entre otras.
