De acuerdo con los fiscales, la estructura tenía ganancias mensuales por 30 millones de pesos durante años
L as investigaciones del Ministerio Público han establecido que el desvío de los fondos públicos del Ministerio de Hacienda en la gestión de Donald Guerrero, no solo fue con las expropiaciones de tierras, sino que también se hicieron con la supervisión de los casinos y negocios de juegos de azar.
Los datos presentados en el expediente del caso Calamar precisan que Guerrero, quien se encuentra detenido, creó una estructura con la que se cobraba dinero a los propietarios de los negocios que operaban ilegalmente, a quienes chantajeaban de que si no la hacían le cerrarían el local.
Con este método, dicen los fiscales anticorrupción, lograron obtener grandes ganancias, a tal punto de que mensualmente podían recibir entre 25 y 30 millones de pesos.
La parte operativa de esto, dice el documento, les correspondía a los imputados Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández Figueroa, quienes se desempeñaron como directores de Casinos y Juegos de Azar de Hacienda.
“El imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz instruyó a los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, los imputados Oscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández Figueroa, a participar y colaborar en este denominado proyecto, para brindar las herramientas de fiscalización en el aspecto operativo en el cobro ilegal de las bancas deportivas, loterías e instalación de máquinas tragamonedas”, precisa el órgano acusador.
Dicen los fiscales que Chalas Guerrero y Fernando Figueroa instruían y permitían a los encargados de operaciones (y ellos a su vez a los inspectores de Hacienda) al cierre inmediato de las bancas deportivas y de loterías si no realizaban los pagos exigidos, así como a quitar las máquinas tragamonedas.
En la alegada estructura, además de los exfuncionarios, también se encontraban Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña, quienes no aparecen como imputados. Estos, supuestamente, tenían el encargo de realizar los cobros irregulares. “El dinero obtenido de este cobro fraudulento no lo percibía el Estado dominicano, sino que iba a parar directamente a la estructura de corrupción liderada por Donald Guerrero”, dice el documento.
De acuerdo al órgano acusador, en sus inicios cobraban unos tres mil pesos mensualmente por cada banca o máquina tragamonedas, de lo que generaban entre 25 y 30 millones de pesos al mes. “Fijaron antojadizamente un monto (lo cual era una imitación de impuesto) para cobrar mensualmente a los dueños de bancas, esto sin estar facultados legalmente para ello, sustituyendo así las funciones propias de la Dirección General de Casinos y Juegos de Azar, en cuanto a sus funciones de fiscalización. Situación esta autorizada tanto por el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz”, precisa el expediente.
¿Cómo comenzó todo?
Para comenzar el “proyecto”, se necesitaba capital para crear la logística. Para esto, Fernando Crisóstomo presentó el plan al imputado Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó (a) Neno, que supuestamente entregó 21 millones de pesos, a cambio de tener una participación en las ganancias obtenidas a través de las recaudaciones ilegales.
El Ministerio Público explica que con parte de este dinero se rentaron camionetas y se compraron GPS, las cuales fueron utilizadas para realizar las inspecciones a las bancas y a los colmados que ejecutaban los inspectores, específicamente el personal del Departamento de Operaciones de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.
Destaca que de esta cifra, lo que denominan la estructura no gubernamental compuesta por Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña, se repartieron aproximadamente entre seis a siete millones de pesos.
En su relato, los fiscales indican que el Departamento de Operaciones de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar debía reportase a la estructura no gubernamental, donde las solicitudes de operativos recibidas debían ser canalizadas con Crisóstomo para fines de autorización y agenda.
“Las denuncias recibidas en la Dirección de Casinos también debían enviárseles a fin de revisarlas y determinar el mejor curso de acción”, precisa, antes de decir que el director de Operaciones le suministraba a Crisóstomo un listado con los nombres de las bancas de apuestas sobre las cuales debían tener autorización antes de intervenirlas, y de las que podían monitorear o en su defecto cerrar.
Pagó 43 millones de pesos
Dentro de los cobros ilegales que se realizaron en el denominado proyecto o programa, el Ministerio Público resaltó en el expediente el ejecutado por José Melchor González Calderón, dueño de varias bancas de lotería y deportivas.
Dicen que en octubre del año 2016 le intervinieron “de manera arbitraria” 50 bancas y que ante esto requirió una respuesta directa del ministro Donald Guerrero Ortiz, pero en cambio recibió una llamada de Fernando Crisóstomo, quien lo invitó a reunirse en una plaza comercial.
El órgano acusador indicó que en la reunión Crisóstomo le exigió a González Calderón el pago mensual de tres millones de pesos a cambio de dejar de intervenirle sus bancas de lotería y deportivas, y le estableció, además, que si no daban el dinero requerido “le iban a caer arriba a las bancas del consorcio”.
Destaca que en estas circunstancias González Calderón, a los fines de no tener problemas con la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, acordó pagar un millón de pesos mensuales.
Los cálculos de los fiscales precisan que en total González Calderón realizó, desde octubre del año 2016 hasta agosto del año 2020, cuarenta y tres pagos, es decir, entregó en efectivo a la estructura la suma de 43 millones de pesos.
Repartición
La estructura supuestamente recibía al mes unos 30 millones de pesos, y sus gastos operativos eran de 9 millones de pesos. Las cifra antes mencionadas, dicen los fiscales, corresponden a la primera etapa del proyecto, que duró entre doce a catorce meses.
Precisa que de las ganancias de este proyecto ilícito en principio se le entregaba mensualmente, a través de Jiménez Collie, de dos millones de pesos en efectivo al director de Casinos y Juegos de Azar, el imputado Oscar Arturo Chalas Guerrero.
“Burlaron todos los controles de seguridad”
“Es así como los miembros de esta estructura de corrupción para estafar al Estado dominicano crearon esta maniobra fraudulenta, como fue el denominado proyecto o programa para obtener montos millonarios, todo bajo mandato y protección del ministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz, quien facilitaba los medios a través del Ministerio de Hacienda para permitir el cobro irregular, burlando todo proceso de control administrativo y legal”, aseguran los fiscales en el documento, que contiene casi tres mil páginas de pesquisa, la cual, dijo la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, duró meses y está “acorde a los más altos estándares de investigaciones”. En el caso Calamar, que involucra otros ilícitos, además de Donald Guerrero; fueron arrestados el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; entre otros.
Peaje
Fijaron antojadizamente un monto para cobrar mensualmente a los dueños de bancas, esto sin estar facultados legalmente para ello”
Estafa
El dinero obtenido de este cobro fraudulento no lo percibía el Estado dominicano, sino que iba a parar directamente a la estructura de corrupción”
