El oficial tiene 42 propiedades, 40 adquiridas del 2014 al 2020; reenvían audiencia del caso para próximo jueves
Según la acusación del Ministerio Público, el subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) en la gestión del expresidente Danilo Medina, general Julio Camilo de los Santos Viola, adquirió 42 propiedades con dinero ilícito, 28 de esas en solo dos años, del 2018 al 2020. Del 2015 al 2017 compró 12 y las dos restantes, una en 2007 y otra en 2008.
De esos inmuebles, 21 están registrados a nombre del imputado, 16 a nombre de sus suegros y otros 5 registrados por personas cercanas al alto militar. Según el Ministerio Público, Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago, suegros de Santos Viola, no tienen solvencia para adquirir propiedades que suman más de 42 millones de pesos.
En el documento se establece que la dama se dedicaba al trabajo de conserje en una institución financiera con salario de 9 mil pesos, mientras que el señor Alba Solano tiene como ocupación la crianza de cerdos, pero de manera informal.
Las investigaciones del Ministerio Público establecen que en los interrogatorios sobre la adquisición de los inmuebles registrados a su nombre, los suegros de Santos Viola, no conocían datos como las direcciones en dónde están ubicados, los precios de adquisición y a quienes les compraron las propiedades.
Las autoridades también establecen que De los Santos Viola tiene cinco propiedades a nombre del señor Enmanuel Antonio Alba Trinidad, quien no posee empresas ni se verifica ningún pago en la Tesorería de la Seguridad Social.
“Tampoco presenta movimientos financieros suficientes para la adquisición de los inmuebles adquiridos entre los años 2018 y 2020, en el periodo en que el imputado Julio Camilo de los Santos Viola fungía como subjefe del Cusep, manejando los fondos de operaciones de inteligencia”, comenta.
Las autoridades hacen referencia a una denuncia contra el general de la Fuerza Aérea de que supuestamente se apropió de manera irregular de propiedades incautadas en el residencial Doña Elena, en Santiago.
“A partir del mismo año 2014, el imputado Julio Camilo De Los Santos Viola se adueñó de una considerable cantidad de terrenos del referido residencial la cual ha convertido en una lujosa villa con dos niveles de construcción, piscina, varias canchas deportivas, pista de atletismo, docenas de máquinas de gimnasio, helipuerto, casa para seguridad, etc, utilizando el inmueble incautado y los recursos desviados a través de actos de corrupción”, dice el expediente.
Establece que en se mismo residencial el alto oficial tenía un apartamento desde el 2004, pero que en el 2014 adquirió otro para fusionarlo y crear “un solo apartamento de lujo”.
El expediente señala que las propiedades millonarias adquiridas con el dinero ilícito de la operación Coral 5G alcanzan 2 mil 500 millones de pesos. Según lo expuesto por la institución en la solicitud de audiencia para la medida de coerción, el dinero proviene del presupuesto del Cusep y el Cestur para nóminas, labores de inteligencia, compra de combustibles, raciones alimenticias, dietas, viáticos y venta de especialismos.
¿De qué están acusados?
Ayer, el juez Emmanuel López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó el caso para el próximo jueves, luego de acoger el pedimento de las defensas.
El Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Prevención de la Corrupción (Pepca) pidió 18 meses de prisión preventiva para los 13 acusados, entre ellos tres generales activos. Todos los imputados fueron arrestados en allanamientos simultáneos el pasado jueves y once de ellos tienen la misma acusación por violación a varios artículos del Código Penal y la la Ley de Lavado de Activos.
El Ministerio Público acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, estafa contra el Estado, falsedad y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrato y asociación de malhechores a Santos Viola, al general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector de Seguridad Turística (Cestur) y al general Boanerges Reyes Batista, exdirector de seguridad del Metro de Santo Domingo.
También tienen la misma acusación el capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores, los coroneles Carlos Augusto de la Cruz, Miguel Ventura Pichardo, Teniente, Erasmo Roger Pérez Núñez y Kelman Santana Martínez. También el mayor José Manuel Rosario Pirón y el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez. En tanto, están acusados de asociación de malhechores, estafa, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito César Féliz Ramos Ovalles y Esmeralda Ortega.
Conani pagó en 2 meses 307 mil en viáticos
Según las investigaciones del Ministerio Público, en los registros de los pagos de viáticos de los meses de julio y agosto del 2020, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) realizó pagos de viáticos por 307 mil 200 pesos a favor de Rafael Núñez de Aza, Roberto Acevedo Tejada y José Javier Rosario Pimentel. Núñez de Aza es acusado por el Ministerio Público de ser el cerebro financiero para la sustracción de fondos del erario para beneficiar los acusados de los casos Coral y Coral 5G. Según las autoridades, durante la gestión de solo cinco meses en el Conani de Greyby María Cuello, esposa del exdirector del Cestur, Juan Carlos Torres Robiou, se evidenció que tenía el objetivo de implementar el mismo sistema financiero para el desvío de fondos que se usó tanto en el Cestur como en el Cusep y por eso nombró a Núñez de Aza.
