El Ministerio Público acusa a la compañía Transcore Latam, SRL, propiedad de Jochi Gómez, de falsificar contratos y documentos con lo que buscaba aparentar que había dado servicios técnicos a otras empresas internacionales.
La solicitud de prisión preventiva del órgano persecutor, como medida de coerción al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canáan –Jochi- y otros cinco imputados en una supuesta red de corrupción, señala que Transcore Latam se valió de informaciones y documentos falsos para justificar su experiencia en el contrato de licitación para manejar el Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
El Ministerio Público afirma que Jochi Gómez utilizó logos, firmas y cartas de empresas como Econolite, TransCore (Trusted Transportation Solution), Ecolite Systems Inc., BTMB Tecnolgy Managment & Budget, Waukee, (Traffic Control Corporation), Telepeaje Plus y Sic Transcore Latinoamérica.
La denuncia establece que Transcore Latam, S.R.L., se apropió dolosamente e indebidamente de credenciales técnicas de la empresa Sistemas Integrados de Control S.A (SicTranscore Latinoamérica), para participar en el proceso de licitación del Intrant.
Señala que Ricardo Echandi ni la sociedad comercial Sistemas Integrados de Control S.A. (Sictranscore Latinoamérica), autorizaron a la empresa Transcore Latam, S.R.L., sobre el uso de las credenciales o documentos técnicos propiedad de Sistemas Integrados de Control S.A.
De igual forma, el 12 de junio de 2023, la empresa de Estados Unidos, Transcore, LP., representada por su vice-presidente sénior Michael R. Mauritz, presentó ante la Dirección General de Contrataciones Públicas una solicitud de investigación contra el procedimiento Licitación Pública Nacional entre el Intrant y Transcore Latam.
De acuerdo con el expediente que consta de 304 páginas, la empresa Transcore Latam anexó al contrato con el Intrant documentos, correos y otros elementos para demostrar que había realizado negociones con la empresa Norteamérica Transcore, LP.
Michael Mauritz de nacionalidad estadounidenses certificó mediante declaración jurada dirigida al Ministerio Público, que no ha existido, ni existe en la actualidad, ninguna relación del tipo laboral, comercial, contractual o de otra índole, entre él o la empresa que representa en calidad de vicepresidente, la razón social TransCore, LP, o sus empresas afiliadas o contratistas, y los nombrados Pedro Vinicio Padovani Báez, José Ángel Gómez Canaán o Jorg Brinkmeyer.
De igual forma, establece que no reconoce los correos [email protected] ni [email protected].
“Michael Mauritz indica en el expediente que ni los administradores, gerentes, oficiales, funcionarios o empleados suyos, han mantenido ninguna vinculación de tipo comercial, contractual, laboral o de cualquier índole con empleados de Transcore Latam” .
Largas horas en audiencia
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, al cierre de esta edición continuaba con el conocimiento de medida de coerción en contra de los siete imputados en una supuesta red de corrupción administrativa, desmantelada mediante la operación Camaleón. Durante la audiencia, el Ministerio Público terminó de leer las 304 páginas del expediente con el que solicita prisión preventiva para los imputados, como coerción.
“Carlos Pimentel debería estar con casco y chaleco”
La defensa del exdirector del Intrant, Hugo Beras, aseguró que Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas, debería estar imputado en el caso de corrupción Transcore-Intrant debido a que mandó a suspender el contrato de licitación varios meses después de recibir una notificación con las supuestas irregularidades.
El jurista Luis Rivas explicó que el director de Compras y Contrataciones Públicas fue notificado, mediante un acto de alguacil que emitió la empresa Transcore, LP en junio del 2023, por supuestas usurpaciones de identidad de su entidad en el despliegue del contrato entre Transcore-Intrant.
Sin embargo, el abogado de Beras afirmó que Pimentel se quedó callado y cuatro meses después fue que notificó que había irregularidades.
“El flamante director de Compras y Contrataciones validó el contrato y vino a suspenderlo en octubre después que ya prácticamente el contrato estaba en su ejecución. Ni siquiera llamó, en este caso al Intrant, para averiguar qué había pasado. Si en vez de hacer un media tours como hizo, no estuviéramos en esta situación”, manifestó.
Rivas aseguró que el director de Contrataciones debería estar en el tribunal, donde se conoce la solicitud de medida de coerción de los imputados en el caso Camaleón, “con cascos y chalecos” enfrentando el proceso judicial.
