La jueza de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Palacio de Justicia de San Cristóbal dictó medidas de coerción en relación a la tragedia desencadenada por la explosión en la empresa Vidal Plast. Como parte de esta decisión, se ordenó la colocación de localizador electrónico y garantía económica a los propietarios de la mencionada empresa.
Edward Vidal, uno de los propietarios, deberá portar un grillete electrónico como parte de las medidas de coerción, además de pagar una suma de 300 mil pesos.
Por otro lado, Maribel Sandoval y Mercedes Vidal Sandoval, también propietarias, tendrán la obligación de pagar una garantía económica de un millón de pesos.
La resolución, aunque parcialmente en línea con la solicitud del Ministerio Público, no cumple con todas las peticiones presentadas. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Edward Vidal. Así como una garantía económica de 1 millón de pesos y presentación periódica para las otras dos imputadas.
Según la acusación de los fiscales, en la empresa Vidal Plast se acumuló gas durante un período de tiempo. Esto finalmente llevó a una explosión seguida de deflagraciones que causaron daños extensos a edificaciones y vehículos cercanos.
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Propiedades como la sucursal del Banco de Reservas, la Veterinaria La Esperanza, Casa Toledo S.R.L. y la recién inaugurada Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar y Delitos Sexuales resultaron afectadas.
La trágica explosión, que ocurrió el 14 de agosto en San Cristóbal, resultó en la pérdida de 37 vidas y 59 personas heridas. Asimismo, considerables daños materiales en la zona afectada.
