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EFE.- Una corte peruana ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, por el presunto delito de colusión agravada en el caso del proyecto Gasoducto del Sur adjudicado a la constructora brasileña por el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), según una resolución judicial publicada este sábado.
El juez Leodán Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el pedido presentado por la fiscal Geovanna Mori, que tiene a cargo el proceso contra Humala, su esposa Nadine Heredia, y otros coacusados por presuntamente haber recibido millonarios aportes de Odebrecht para sus campañas electorales.
La resolución, publicada por medios locales, indica que la prisión preventiva comenzará cuando Barata, que reside en Brasil, se entregue a la Policía Internacional (Interpol) o a las autoridades judiciales de Perú, vía extradición activa.
En tal sentido, el magistrado le dio diez días a Barata para ponerse a disposición del juzgado para la ejecución de la medida, bajo apercibimiento de solicitar a la Interpol su ubicación en el país en el que se encuentre para ejecutar la prisión preventiva.
El juez basó su resolución en la “sospecha fuerte” sobre la presunta participación de Barata en “los seis actos de presunta colusión agravada” en el contexto de los proyectos Kuntur y Gasoducto del sur.
Asimismo, Ayala agregó que “desde la fase de ejecución del primero hasta el otorgamiento de la buena pro del segundo”, se habría materializado la colusión entre Barata, como representante de Odebrecht en Perú, y Humala y su esposa con el propósito de “defraudar patrimonialmente al Estado” en beneficio de sus intereses particulares.
El juzgado sostuvo que la prisión preventiva es necesaria porque no existen otras medidas que sean igual ó mejor de efectivas para sujetar o cautelar la presencia del investigado ligado al proceso, pues se encuentra “fuera del alcance territorial de la jurisdicción” de la sala.
Barata tenía un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía de Perú, por el cual admitió los aportes ilegales otorgados en varios casos vinculados a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García por el escándalo Lava Jato, sin embargo ese acuerdo fue anulado en junio pasado cuando se negó a testificar en el juicio contra Humala.
Actualmente, Humala y Heredia tienen en curso otro juicio por los aportes de Odebrecht y otros a sus campañas electorales de 2006 y 2011 por los que afrontan un pedido de cárcel de 20 y 26 años, respectivamente, por presunto lavado de activos.
