La primera etapa del proceso judicial de los implicados en la operación Calamar inició ayer en un tribunal con la audiencia de solicitud de medida de coerción que el Ministerio Público pide en contra de los 20 imputados en este caso.
Ayer comenzó el primer desfile de los imputados, acusados de corrupción administrativa por hechos ocurridos cuando Danilo Medina fue presidente de la República, deberán hacer para enfrentar los cargos que les imputa el órgano persecutor.
Los encartados acudieron a su primera audiencia en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, con mascarillas, cascos y otros dispositivos de seguridad y rodeados de un cordón de militares.
Esta vista fue corta. La jueza Kenya Romero aplazó para el próximo domingo el conocimiento de medida de coerción de los implicados, a razón de que las defensas de ellos puedan conocer con plenitud el expediente.
Durante esta audiencia, también el tribunal constató que todas las personas investigadas y sus defensas técnicas fueran notificadas y ordenó la entrega a los abogados, en formato digital, de los elementos de prueba que sostienen la solicitud. Además de que se les permita revisar dichos elementos con sus clientes.
Los imputados en el caso calamar son los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, a quienes señala como cabecillas de una red de corrupción.
También el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
“Un caso sin procedentes en la historia del país”
El Ministerio Público cuenta con un expediente de 2,120 páginas y 1,200 elementos de pruebas, de acuerdo a sus declaraciones. La procuradora Yeni Berenice Reynoso aseguró que esto sería suficiente para que el tribunal determine que por la complejidad del caso lo que amerita es la prisión preventiva. “Este es el caso con más complejidad, de cómo desde el Estado se coaligaron distintos funcionarios para distraer fondos millonarios”, expresó.
