Cada 17 horas, un presunto delincuente es liberado sin que se haya determinado su culpabilidad o inocencia
En los pasillos de la Justicia dominicana el tiempo se ha convertido en el aliado silencioso de los criminales. Entre 2019 y 2023, en todo el país 2,553 casos se desvanecieron en el limbo legal, y liberaron a presuntos delincuentes sin juicio ni sentencia. Desde robos hasta homicidios, pasando por delitos sexuales y narcotráfico, la extinción por vencimiento del plazo ha dejado un rastro de impunidad.
La justicia, que debería ser ciega, parece haberse vuelto también lenta. Asociaciones de malhechores, delitos contra menores, malversación de fondos públicos y hasta secuestros han quedado sin resolver, no por falta de pruebas, sino por el simple transcurrir del tiempo, que llevó a cerrar casos sin una decisión sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.
Según datos del Poder Judicial, en los últimos cuatro años, un promedio de 600 casos anuales han sido cerrados por vencimiento de plazos. Esto significa que cada 17 horas, un presunto delincuente es liberado sin que se haya determinado su culpabilidad o inocencia, lo que obliga a los tribunales a liberar a imputados cuyos casos quedan atrapados en el laberinto procesal.
Detrás de cada expediente cerrado por vencimiento de plazo se esconde un sistema que parece colapsar bajo el peso de su propia burocracia, según investigaciones realizadas por el programa “55 Minutos con Julissa Céspedes”, que es transmitido por CDN Canal 37.
Ejemplo de esto es el caso de la venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos en Santo Domingo Este, que es un ejemplo de la crisis del sistema judicial dominicano y de las consecuencias de los retrasos procesales. El 22 de abril de 2024, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal contra los 17 imputados, incluido el exdirector de Corde, Leoncio Almánzar, y otros funcionarios y empresarios.
Decisión fundamentada por el vencimiento del plazo máximo establecido para los procesos penales, a pesar de la magnitud del caso que involucra la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno estatal, con una ganacia ilícita de 5,000 millones de pesos.
Tiempo de los procesos
La extinción de la acción penal está regulado por el Código Penal, que establece que la duración máxima de todo proceso en materia penal es de cuatro años, contados a partir del inicio de la investigación. Este plazo sólo se puede extender por seis meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos.
Estadísticas del Poder Judicial
Las estadísticas del Poder Judicial sobre casos cerrados por extinción del plazo muestran una tendencia al alza representando un incremento del 75% en los últimos cuatro años: En 2019, se registraron 454 casos, en 2020 cayó a 209 (Pandemia del covid). A partir del 2021 los números se dispararon con 524 ese año, 570 en 2022, alcanzando la cifra récord en 2023 con 796 casos.
En los últimos 4 años de los 2,553 casos se ha extinguido la acción penal por vencimiento de plazo 2,421 corresponden a las siguientes instancias y procedimientos penales, que se distribuyen de la siguiente manera:
En primer lugar, con 859 casos, están los asuntos jurídico-administrativos. Estos son procedimientos que involucran aspectos legales y administrativos del sistema judicial que incluyen la gestión de expedientes.
Le sigue, con 822 casos, las audiencias preliminares, la antesala del juicio. En ella, un juez determina si hay suficientes pruebas para llevar el caso a juicio.
El tercer puesto lo ocupa la acción pública con 311 casos. Estos son procesos iniciados por el Ministerio Público en nombre del Estado. En cuarto lugar, con 105 casos, están las medidas de coerción.
Le siguen de cerca las solicitudes generales, con 103 casos, esta categoría puede incluir diversas peticiones legales hechas durante el proceso judicial, como solicitudes de pruebas adicionales o de cambios en el procedimiento.
En sexto lugar, encontramos la revisión de medidas de coerción, con 73 casos. La acción privada ocupa el séptimo puesto con 51 casos, son casos iniciados por individuos o entidades privadas, no por el Estado. Típicamente involucran delitos considerados de menor gravedad.
En octavo lugar, con 39 casos, está la revisión de medida de oficio. Estas son revisiones iniciadas por el propio sistema judicial, sin necesidad de que las partes lo soliciten.
Los procedimientos contenciosos ocupan el noveno puesto con 32 casos. Son procesos que involucran disputas legales más complejas entre partes, finalmente, 26 recursos de apelación se extinguieron en la recta final del proceso judicial.
Principales distritos con extinción de la acción penal
Entre 2019 y 2023, doce distritos judiciales destacaron por el número de casos penales que quedaron sin resolución debido al vencimiento de los plazos, entre ellos, Santo Domingo encabeza la lista con 305 expedientes cerrados, seguido por el Distrito Nacional con 221 casos, Espaillat registró 181 casos, mientras que San Cristóbal contabilizó 179, seguido de La Vega con 177, Santiago vio cómo 163 procesos judiciales llegaban a su fin sin una sentencia definitiva.
Fueron 12 distritos judiciales que acumularon 1,985 casos penales extinguidos antes de llegar a una resolución final, lo que representa el 77% de un total de 2,553 casos en todo el país.
Para seguir con la distribución geográfica, La Altagracia y La Romana reportaron 155 y 148 casos extinguidos por vencimiento de plazos, seguidos por Montecristi. Mientras la provincia Duarte contabilizó 112 casos, luego cierran la lista San José de Ocoa, con 105, y Monseñor Nouel, con 104 casos.
Justicia por homicidio, “rehén del tiempo”
Según datos del Poder Judicial, en los últimos cinco años se han engavetado al menos 87 casos de homicidio, convirtiendo a la justicia en rehén del tiempo. Estos incluyen 10 casos en 2019, 10 en 2020, 48 expedientes en 2021, 17 en 2022 y 2 en 2023.
De estos hechos, La Vega encabeza la lista de provincias con más casos de homicidios extintos, con 21 expedientes archivados; le siguen Espaillat con 17, La Romana con 11, y Santo Domingo como el Distrito Nacional con 8 y 7 expedientes respectivamente.
En 2023
Sólo el año pasado se alcanzó una cifra récord con 796 casos cerrados por extinción del plazo.
Plazos
Entre 2019 y 2023, doce distritos judiciales se destacaron por el número de casos penales que quedaron sin resolución
