En la declaración final de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana señalaron ese aspecto como eje central
Los jueces de Iberoamérica consideran consustancial un modelo de justicia basado en la independencia judicial como pilar del Estado democrático de derecho, ajeno a influencias indebidas que comprometan la autonomía de los tribunales.
Ese modelo debe ser capaz de garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales y la capacidad de jueces y juezas de actuar conforme a la Constitución, la legalidad y los tratados internacionales de derechos humanos.
En la Declaración de Santo Domingo, como acto de cierre de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, los magistrados se comprometieron a fortalecer los mecanismos institucionales que promueven una justicia independiente e imparcial de manera que los jueces y las juezas resuelvan los asuntos y controversias desde el derecho, sin interferencias internas o externas al Poder Judicial.
Al tiempo que pidieron a la Cumbre desempeñar, proactivamente, un papel principal en el espacio judicial iberoamericano para que los sistemas de justicia nacionales estén libres de interferencias e injerencias inadecuadas de otros poderes del Estado, se fomente la lealtad institucional y el equilibrio entre los diversos poderes, y contribuir a la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de las instituciones públicas.
“El ejercicio de las funciones jurisdiccionales de los tribunales debe tener plena autonomía, sin sometimiento a vínculos jerárquicos o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia”, refiere la declaración donde ese órgano se comprometió a implementar mecanismos de consultas y comunicaciones que provengan de los Poderes Judiciales, así como la elaboración de informes periódicos sobre Estado Democrático de Derecho e Independencia de todos los poderes judiciales.
Se comprometieron a promover una justicia que proteja la libertad individual y colectiva, que asegure procesos judiciales justos y accesibles. También, que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades en el acceso a la justicia, especialmente para personas y grupos vulnerables.
Los países firmantes se comprometieron a promover una justicia que proteja la libertad individual y colectiva, asegurando procesos judiciales justos y accesibles. También, que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades en el acceso a la justicia, especialmente para personas y grupos vulnerables.
“Impulsaremos políticas que protejan a las personas víctimas, previendo que la publicación de sentencias y actuaciones judiciales contengan únicamente los datos necesarios para el entendimiento del fallo, previniendo la difusión de información que afecte la vida íntima o privada de las víctimas de delitos y lesiones de derechos humanos envueltas en el caso”, dice el documento firmado por los 23 países representados en el evento que inició el pasado 14 de mayo y concluyó ayer en el hotel El Embajador.
En la cumbre cuyo lema fue “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas” se recomendó una serie de acciones que contribuirían al fortalecimiento de los poderes judiciales, y que promueven una justicia centrada en las personas.
Incorporar los productos axiológicos en la planificación estratégica, actualizar el mapa judicial iberoamericano, innovar y digitalizar, atender el impacto de la inteligencia artificial, promover la educación y capacitación judicial, garantizar la igualdad de género, promover la protección de los derechos ambientales, son las recomendaciones hechas para los magistrados.
“Invitamos a todos los Poderes Judiciales de Iberoamérica a adoptar estos principios y compromisos, integrando los productos axiológicos en sus procesos de planificación y administración, garantizando su implementación efectiva para fortalecer el Estado democrático de derecho y construir una justicia que responda a las necesidades de todas las personas”, dice la Declaración de Santo Domingo.
Durante el acto de clausura, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina afirmó que uno de los hitos de esta edición ha sido la adopción de la Declaración de Santo Domingo, que recoge los acuerdos alcanzados y reafirma el rumbo en común de los poderes judiciales de Iberoamérica de una justicia al día, moderna, accesible, y firmemente comprometida con la dignidad de las personas.
“Reafirmamos, desde aquí, que la justicia no puede ser un sistema encerrado en sí mismo. Es, ante todo, un pilar fundamental de la democracia, y su calidad, su cercanía y su eficiencia, dependen en gran medida de nuestra capacidad de colaborar, de innovar y de actuar con sentido colectivo”, aseguró el magistrado Molina.
Lenguaje claro y accesible
Durante la jornada de ayer, Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE), impartió la conferencia magistral: Lenguaje claro y su impacto en una justicia más accesible, igualitaria, confiable y solidario, donde destacó que desde el año 2014 en la RAE se adoptó el lenguaje jurídico como una de las áreas prioritarias de trabajo.
Durante el panel de preguntas explicó que la RAE está en primera línea en apoyo al lenguaje inclusivo, especialmente porque había una masculinización del lenguaje, sin embargo, explicó que con lo que no está de acuerdo es con forzar cambios en la forma de hablar.
“Estamos en contra de pretender cambiar la manera de hablar de un modo forzoso, quien tiene que decidir cómo se habla, lo he dicho antes, son los ciudadanos”, respondió Muñoz Machado a la jueza Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial del Perú, quien le preguntó respecto a la resistencia social al lenguaje con perspectiva de género.
Señaló como una extravagancia utilizar el @ o la e como hacen algunos países porque no son fórmulas que se puedan leer y para leerlas hay que usar el desbordamiento.
¿Lenguaje claro y accesible para quién?
Muñoz Machado recordó que la RAE cambió muchas definiciones y fórmulas discriminatorias que tenía el diccionario panhispánico, en reconocimiento a esa problemática. De igual modo, calificó como “muy mal” que legisladores decidan si es malo o bueno el lenguaje inclusivo.
¿Lenguaje claro y accesible para quién? Se preguntó Antonio Germán Bejamín, ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil al referir que se debe tener en cuenta que no es lo mismo el utilizado en una demanda de derecho de autor como en un caso de derecho de familia o caso penal, por citar algunos ejemplos.
En la última jornada de la Cumbre también se presentó la nueva edición del diccionario Panhispánico básico del español jurídico, abierto en formato digital, así como el manual de ética para servidores judiciales de autoría del juez de la Suprema Corte de Justicia dominicana, Justiniano Montero.
La nueva edición del diccionario contiene la significación del las palabras del derecho, no de la ciencia del derecho.
La Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que facilita la cooperación entre los sistemas judiciales de 23 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Reúne en un solo foro a los líderes de las Cortes Supremas de Justicia y los Consejos de la Judicatura de estas naciones.
Herramienta
Creemos en la fuerza de la Justicia como herramienta de cambio social y ambiental, como espacio de reconciliación y como motor de convivencia”
Declaración
es consustancial un modelo de justicia basado en la independencia judicial como pilar del Estado democrático de Derecho”
