De acuerdo con el expediente del caso Medusa que elaboró el Ministerio Público, el exprocurador Jean Alain Rodríguez utilizaba las cuentas bancarias de la compañía Jurinvest para hacer y recibir dinero con los coacusados, vinculados y personas jurídicas.

“Es así como recibió una transacción del acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, ambos estuvieron laborando juntos tanto en el Centro de Exportación e Inversión de la República como en la Procuraduría General de la República, este realizó un depósito por ventanilla a favor del acusado Jean Alain Rodríguez en fecha 19 de abril del año 2016 por valor de RD$1,783,744.00”, explica el documento

El órgano acusador indicó que esta transacción fue identificada en el reporte de transacciones en efectivo.
El exfuncionario supuestamente realizó dos depósitos realizados por Jurinvest Abogados, S.R.L.,
también vinculada al proceso judicial en curso, en fechas 29 de octubre 2020 y 04 de mayo del 2021, por valor de RD$ 354,038.00 así también por medio cheques realizó el acusado Jean Alain Rodríguez transacciones acusados y vinculados a la estructura de soborno compuesta en coalición de
funcionarios públicos y personas que no eran funcionarios públicos.

El documento citó a Víctor Manuel Lora Imbert, José Antonio Santana e la Cruz (fallecido), Alexander Augusto Rojas Elmudesi, Alex Camille Yaryura y Rafael Stefano Canó Sacco.

Rodríguez según el MP utilizó las tipologías adquisición y construcción inmobiliaria; paraísos fiscales; empresas fantasma y ocultación de los activos utilizando prestanombres.

Responsabilidad penal de la compañía Jurisvent Abogados S.R.L.

El MP expresó que tras ocupar un cargo público en el 2012, Jean Alain simuló su desvinculación de la empresa Jurisvent & Abogados, entidad que quedó a cargo de la esposa y hermana del exprocurador.

“En estas transformaciones el acusado Jean Alain Rodríguez firmó tanto por él como por su hermana Ariadne Rodríguez Sánchez, verificándose con esto una maniobra fraudulenta para adecuar la compañía al entramado corrupto que había trazado desde su declaración jurada de bienes”, explica.

La empresa, según las autoridades, fue un instrumento de delito de lavado de activos a los fines de adquirir bienes lujosos y realizar a nombre de las compañías transferencias bancarias nacionales e internacionales

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