El consejo de defensa del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, a firman que con su respuesta, funcionarios del Gobierno insultan a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debido al informe en el que afirman que su detención fue arbitraria.
Indican que el canciller, Roberto Álvarez, y la directora de persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, al llamar “políticos y manipuladores”, insultan a ese órgano debido a que esa decisión es contraria a sus intereses personales, y ocultan que surge luego de un proceso imparcial y controvertido de casi dos años que identificó serias violaciones a nuestros tratados internacionales.
El grupo de trabajo sobre detención arbitraria, también sugirió al Estado realizar una investigación exhaustiva e independiente en torno al tema, y por consecuencia, tomar las medidas pertinentes contra los responsables.
Refieren que para soslayar el meollo del tema, ambos funcionarios diligenciaron minimizar la importancia de las decisiones de la ONU y traer a la ciudadanía situaciones manipuladas, divorciadas del tema abordado y decidido por el organismo internacional, valiéndose de estrategia comunicativa, con la intención de desviar la conversación del tema ONU hacia otros temas distintos, y procurar al final de cuentas, sembrar odio y encono en contra de su asistido.
“En cuanto a la rueda de prensa de la Cancillería y la PGR, en modo alguno se atrevieron a enfocar la decisión y solicitud formal en sede de la ONU, todo porque ambos entes públicos no quieren forzar al Estado Dominicano a que tome el carril indicado por el organismo internacional. De ahí que todo devino en una deliberada evasión del punto nodal de la decisión de la ONU, que gira en la prisión arbitraria e innecesaria que mantiene al sujeto pasivo de la denuncia, sin exhibir peligro de fuga alguno”, aseguran.
Dicen que el Código Procesal Penal, dispone con carácter de obligación a cumplir los convenios internacionales debido a que las relaciones internacionales se fundamentan y rigen por el respeto a los derechos humanos y, al renegar dichos mandatos, deviene en inocultable hipocresía las inversiones esa materia que ha hecho este país en los últimos tres años.
