La investigación sobre expropiaciones en el Estado, de cuyas anomalías se está vinculando a Donald Guerrero, exministro de Hacienda, ha generado que se imponga acciones judicial que ha recaído en el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Ayer, el tribunal conoció de una demanda en homologación de un acuerdo para determinar el precio de una parcela en Higüey, de la que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó el sobreseimiento debido a la investigación penal sobe este tema que desarrolla desde hace unos meses.
En ese sentido, el órgano persecutor indicó que depositaron en el tribunal la documentación que da cuenta de las pesquisas sobre las expropiaciones, la cual, precisó, involucra a varias instituciones y personas.
Tras conocer esta petición, el TSA se reservó el fallo para el 1 de noviembre si suspende o no la demanda en homologación.
Otra demanda por las expropiaciones
Además de esta acción judicial, hace poco más de un mes, el abogado Ángel Lockward interpuso una demanda contra los miembros de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, que realizaron el informe con el cual el Ministerio Público inició la investigación sobre presunta corrupción en las expropiaciones de bienes.
Mediante la demanda en responsabilidad patrimonial, Lockward busca resarcimiento económico ya que a raíz del informe el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, dejó de desembolsar los pagos que tengan que ver con las expropiaciones.
Esta demanda será conocida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), el el 9 de noviembre.
Por el supuesto desfalco al Estado con las expropiaciones de bienes, son investigados Donald Guerrero, exministro de Hacienda; el abogado Lockward y otras personas.
La Pepca inició sus investigaciones el año pasado a raíz de un informe de investigación especial presentado por la Contraloría General de la República, en el que, indican, se establecen múltiples libramientos de pagos fraudulentos a terceros por más de 12 mil millones de pesos en el Ministerio de Hacienda y la Tesorería Nacional.
Como parte del proceso, un tribunal autorizó a la Pepca tener acceso a los informes financieros de los investigados. El órgano acusador ha dicho en sus indagatorias establecieron que la afectación al patrimonio público es muy superior al indicado por la Contraloría y que no solo se ha usado utilizado la modalidad de expropiación de terrenos para lograr que el Estado erogue fondos a favor de la estructura de corrupción, “sin que es un entramado que utiliza distintas modalidad para lograr burlar los controles normativos y obtener los recursos económicos deseados”.
