El tema sobre las intervenciones telefónicas realizadas por el Ministerio Público mantiene atemorizadas a la ciudadanía y viola el estado de privacidad.
Las autorizaciones para que el órgano acusador realice interceptación de telecomunicaciones a números que no pertenecen a la persona investigada ponen en peligro el estado de privacidad de todos los ciudadanos del país, de acuerdo a juristas consultados.
Abogados privados y defensores públicos aseguran que la conducta del Ministerio Público de solicitar las autorizaciones incluyendo números que no pertenezcan o se relacionen con las personas investigadas ha puesto en pánico a la sociedad.
“Ese tipo de actuaciones están poniendo en peligro el estado de privacidad de todo el mundo, eso es sumamente delicado… Esto lo han convertido en un relajo que viola el derecho de las personas”, expresó el jurista Plutarco Jáquez.
“La sociedad está en pánico”
Para el defensor público Harold Aybar, en ocasiones el Ministerio Público sabe a quienes pertenecen los números que dicen son de otra persona.
Aybar afirmó que a raíz de los cuestionamientos las personas tienen temor de comunicarse.
“Ahora mismo la sociedad está en pánico, es decir el grueso de la sociedad que maneja un mínimo de información se siente atemorizado de hablar por un celular, y de hablar ciertos temas, porque tú no sabes si tiene el teléfono intervenido, por el hecho de quizás alguien que osó llamarte y está siendo investigado”, sostuvo.
Según explicaron los juristas, el artículo 192 del Código Procesal Penal indica que las autorizaciones para interceptación de comunicaciones tienen carácter excepcional.
Jáquez afirmó que las resoluciones para autorizar la medida que invade la privacidad de la persona debe estar prevista de una serie de requisitos, entre ellas que el juez debe de motivar su decisión.
Añadió que los jueces no pueden “seguir festinado ni dando autorizaciones judiciales de manera medalaganaria”.
Sostuvo que el magistrado debe de verificar que el número solicitado pertenezca a la persona en cuestión.
Principio de confidencialidad
Sobre lo que salió a relucir de que el Ministerio Público intervino el teléfono de un abogado de uno de los imputados en el caso Odebrecht, el jurista advirtió sobre el principio de confidencialidad que establece la Ley entre el abogado y su cliente y que por lo tanto toda resolución de este tipo es nula.
“El juez está actuando de buena fe y no está asumiendo su papel, el Ministerio Público lo han sorprendo, ha hecho daños a jueces, ese tipo de actuaciones están poniendo en peligro el estado de privacidad de todo el mundo, eso es sumamente delicado”, expresó.
Asimismo, Aybar dijo que el Ministerio Público está actuando de mala fe, ya que los jueces al no tener la manera de validar que el número corresponda a la persona investigada, confía en el criterio del órgano investigador.
El mismo artículo 192 establece que la resolución judicial que autoriza la interceptación debe indicar todos los elementos de identificación de los medios a interceptar y el hecho que motiva la medida. Además, se debe levantar acta detallada de la transcripción de las comunicaciones útiles y relevantes para la investigación.
“Interceptaciones son un valioso medio de prueba”
En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó en esta semana que todas las interceptaciones telefónicas que realiza son bajo estricto apego a la ley, autorizadas por los jueces competentes. Sostuvo que representan un “valioso medio de prueba habitual en su misión de persecución del delito”. Dijo que dichas solicitudes y autorizaciones de interceptación telefónica no significa que se haya ejecutado.
