Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, implicados en el caso de corrupción Calamar, dijeron que el dinero que ellos devolvieron a la Procuraduría General de la República mediante acuerdos, es parte de “las ganancias” generadas de los pagos que recibieron por concepto de expropiaciones de terrenos.
A través de un comunicado, los contratistas Crisóstomo y Ureña explicaron que no fueron beneficiarios de los pagos derivados del denominado “Programa de financiamiento de contratistas del Estado”, el cual involucró “un monto de más de 21 mil millones de pesos”.
“No tuvieron ningún tipo de participación en la estructuración o ejecución de dicha operación. Es más, tomaron conocimiento de la misma a través de los medios de comunicación”, dice un comunicado firmado por Manuel Fermín Cabral, abogado de los implicados.
El expediente elaborado por el Ministerio Público sobre el caso Calamar, señala que los acusados Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña eran las personas que les hacían entrega de dinero en efectivo del erario a otros supuestos miembros del entramado de corrupción.
Sin embargo, el comunicado difundido ayer señala que tampoco es cierta la afirmación de que los señores Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña fueran actores claves o de primer orden en la estructura criminal denominada Calamar.
La misiva indica que los implicados nunca fueron funcionarios o servidores públicos y por ende, no tenían las atribuciones para la toma de decisiones.
Aclara que en el caso de Crisóstomo, se limitó a realizar las actividades de gestión del cobro de acreencias estatales, la cual desarrollaba desde hace muchos años a través de sus empresas.
Los implicados en el caso Calamar están acusados de estafar al Estado a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
Crisóstomo y Ureña no fueron sometidos por MP
La defensa de estos implicados sostiene que las decisiones que correspondían al pago de los expedientes de expropiación eran tomadas por quienes ejercían cargos de alto nivel en el Estado. Fermín Cabral explica que el señalamiento de que Crisóstomo y Ureña debieron ser imputados en el expediente por tratarse de “figuras claves” en el expediente, carece de fundamento.
